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Rocha,

Proyecto de Ley - PROYECTO PREVIUR (PROGRAMA DE ERRADICACION VIVIENDA INSALUBRE URBANA)

15/05/2018

Proyecto de Ley



CREACIÓN DEL PROGRAMA DE ERRADICACIÓN DE LA VIVIENDA INSALUBRE URBANA (PREVIUR)



Artículo 1º. - Conforme a lo dispuesto en el art. 1º de la ley 13.728, créase el Programa de Erradicación de la Vivienda Insalubre Urbana (PREVIUR) que estará en la órbita de la Agencia Nacional de Viviendas.

Artículo2º. - El Programa tendrá por cometido la construcción y/o refacción de viviendas urbanas que sustituyan las habitaciones insalubres existentes en la zona urbana y suburbana de centros poblados de más de 5.000 habitantes.

Artículo 3º.- El Programa será dirigido por una Comisión por siete miembros designados por el Poder Ejecutivo, entre personas de notoria versación en problemas sociales, de acuerdo a lo previsto por el artículo 187 de la Constitución de la República.

Los mismos podrán ser reelectos en sus funciones que durarán cuatro años y se prorrogarán automáticamente hasta tanto se realice su sustitución.

Artículo 4º.- La representación de la Comisión la ejercerán el Presidente y el Secretario.

Artículo 5º.- Compete a la Comisión:



a) dirigir, administrar y ejecutar los planes que ella estructura para la erradicación y sustitución de viviendas insalubres en las áreas a que refiere el artículo 2º, formulando anualmente un plan de obras e inversiones que elevado a la consideración del Poder Ejecutivo, se tendrá por aprobado si éste no se pronunciase dentro del término de 90 días.



b) Dichos planes se harán por esfuerzo propio o por ayuda mutua, con el apoyo, la supervisión y el control que la Comisión establecerá en cada caso, y que podrá realizarlos directamente o mediante convenios u otras formas de cooperación previstos en esta ley.



c) Establecer las prioridades, formas y condiciones para el arriendo o venta de las viviendas que se construyan;



Los planes se integrarán al Plan Quinquenal de Vivienda, a los efectos de dar cumplimento a lo dispuesto en los artículos 4 y 5 de la Ley 13.728.



d) Solicitar al Poder Ejecutivo las expropiaciones necesarias, que al efecto se declaran de utilidad pública de los inmuebles cuya propiedad se transferirá a la Comisión, previo reintegro de las sumas invertidas por el Tesoro Nacional;



e) Adquirir o enajenar toda clase de bienes;



f) Celebrar cualquier clase de convenios;



g) Obtener asesoramientos y colaboración de oficinas y organismos públicos de cualquier naturaleza que deberán prestarla en funcionarios, materiales y equipos sin cargo para la Comisión.



h) Determinar la oportunidad y duración de las licencias extraordinarias pagas, que se declaran obligatorias hasta por 30 días anuales, en beneficio de los trabajadores ocupados en la construcción de sus propias viviendas bajo el régimen de esta ley.

i) Remitir anualmente al Poder Ejecutivo la memoria de la situación del Fondo, estados, balances y demás detalles de gastos, que no podrán exceder, en lo concerniente a la administración del 2 % de las recaudaciones del período.

j) Dictar su reglamento orgánico y en general, celebrar todos los actos de administración y disposición de su patrimonio conducente al cumplimiento de sus fines específicos



Artículo 6º.- Las características de las viviendas se ajustarán a lo establecido en los artículos 12, 14, 18, 19 y literal A) del art. 22 de la Ley 13.728.

Quedan exceptuadas y tan sólo en cuanto a las exigencias contenidas en el literal A) del Art. 17 de dicha norma, los programas que atiendan situaciones de emergencia o económico-sociales especiales, por resolución fundada del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.



Artículo 7º.- La clasificación de las familias beneficiarias del Programa, se realizará conforme a lo dispuesto en el Art. 15 de la ley 13.728.

Entiéndese por familia, exclusivamente a los fines de esta ley, al núcleo familiar que ha de convivir establemente bajo un mismo techo, esté o no vinculado por razones de parentesco.

Artículo 8º.- Tendrán prioridad las familias que vivan en asentamientos, o deban ser realojadas.

En tal caso se tomará en cuenta, para elegir el lugar, las características socioculturales de las familias beneficiarias a los efectos de que no se vean afectadas en su fuente de ingresos



Artículo 9º.- Las asentamientos deberán ser eliminados, previa definición por parte de la autoridad competente el destino que se le asignará a esa tierra.



Artículo 10º.- Los planes quinquenales deberán establecer:



a) Montos máximos del subsidio y de préstamo a conceder por unidad de vivienda, condiciones del préstamo y cuotas máximas resultantes;



b) Aporte previo exigido a cada familia para acceder al préstamo y forma de integrarlo en cuanto corresponda; ello es sin perjuicio de que se prevea la integración de ese aporte en especie o mano de obra, teniendo en cuenta las posibilidades reales del destinatario.

Artículo 11º.- Los propietarios o arrendatarios de las viviendas construidas, refaccionadas y/o ampliadas bajo éste régimen, estarán exonerados de todos los tributos nacionales que graven los contratos de arrendamiento y compraventa y los inmuebles adquiridos lo estarán del pago de impuestos nacionales durante diez años.





Artículo 12º.- Durante el plazo de quince años a partir de la adjudicación de la vivienda en propiedad, ésta no podrá ser enajenada, dada en arrendamiento, hipotecada o gravada ni destinada a otro fin que el de habitación propia salvo autorización expresa, siendo nulo todo acto celebrado en contravención de lo dispuesto.



Las inhibiciones o restricciones dispuestas en el inciso anterior, cesarán una vez cancelada la totalidad del precio y descontada la totalidad del subsidio.



Artículo 13º.- Las viviendas construidas, ampliadas y/o refaccionadas bajo los planes de este programa serán inembargables hasta la cancelación del precio total



Los bienes del patrimonio administrado por la Comisión Honoraria serán inembargables. También lo serán, hasta la cancelación total del precio y el descuento total del subsidio que correspondiere, los inmuebles en los que se hubiere construido una vivienda, o se hubieren realizado mejoras por PREVIUR.



Artículo 14º.- Créase el Fondo para el Programa de Erradicación de la Vivienda Insalubre Urbana (PREVIUR), administrado por una Comisión Honoraria con carácter de persona jurídica de derecho público no estatal, que tendrá su domicilio en la ciudad de Montevideo y podrá establecer agencias en el interior del país.



Artículo 15º.- El Fondo se integrará con los siguientes recursos:

a) Donaciones, herencias y legados

b) Intereses de los fondos acumulados

c) Un contribución por única vez de UI 160.000.000 (Unidades Indexadas ciento sesenta millones) que se integrara con aportes de parte de los excedentes financieros del LATU, INEFOP e INAC, conforme al siguiente detalle:

LATU, UI 35.000.000

INEFOP, UI 80.000.000

INAC, UI 45.000.000



Dichos aportes se efectivizaran dentro de los ciento ochenta días de la promulgación de la presente ley conforme al procedimiento que establezca la reglamentación.-



d) El 50% (cincuenta por ciento) del Fondo de Reconversión Laboral creado por el art 325 de la ley 16.320 /92, a partir del mes siguiente a la promulgación de la presente ley.-

e) El 10 % (diez por ciento) del valor comercial o de enajenación en remate de, las adjudicaciones por infracciones aduaneras que corresponden a los denunciantes o aprehensores, sin perjuicio de cumplirse también lo dispuesto en el artículo 299 de la ley N° 13.318, de 28 de diciembre de 1964. El Poder Ejecutivo podrá donar a la Comisión Honoraria los inmuebles del Estado que ésta necesite para el cumplimiento de sus fines.



Artículo 16º.- La Comisión estará exonerada de toda clase de tributos de carácter nacional, recargos, depósitos y demás gravámenes sobre la importación de materiales y maquinarias y de tarifas postales comprendiendo éstas, la correspondencia franca y recomendada, las tarifas y proventos portuarios.





Artículo 17º.- El Poder Ejecutivo reglamentará estas disposiciones dentro del término de ciento veinte días de publicada la presente ley, sin perjuicio de lo cual, la Comisión cumplirá sus cometidos a partir de su vigencia.





JOSÉ CARLOS CARDOSO

Senador





















































EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.





El reconocimiento del derecho a una vivienda digna en el ámbito internacional se configura a partir del derecho a un nivel de vida adecuado recogido en el artículo 25º de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 11º del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), que establece “el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí misma y para su familia, incluyendo alimentación, vestido y vivienda adecuadas y una mejora continuada de las condiciones de existencia”.

Este pacto, que fue suscrito por Uruguay, obliga a los gobiernos signatarios del pacto a desarrollar políticas que garanticen este derecho, priorizando la atención a los grupos más vulnerables.

Asimismo el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de Naciones Unidas, que examina los avances y desafíos de los Derechos establecidos en el PIDESC, señala en la Observación General Nº 4 los elementos que hay que tener en cuenta para que la vivienda se pueda considerar adecuada: a) seguridad jurídica de la tenencia; b) disponibilidad de servicios materiales e infraestructura; c) gastos soportables; d) habitabilidad; e) accesibilidad; f) lugar y, g) adecuación cultural.

Aunque el concepto de adecuación está determinado en parte por factores sociales, económicos, culturales, climáticos, ecológicos y de otra índole, según el primer Relator Especial, “el derecho humano a una vivienda adecuada es el derecho de toda mujer, hombre, joven y niño a tener y mantener un hogar y una comunidad seguros en que puedan vivir en paz y con dignidad”.

Bajo este enfoque derechos reposa la intención con que se elaboró el presente proyecto de ley.

Es que sin una vivienda adecuada y digna, difícilmente se puedan ejercer otros derechos. Esto es así porque los Derechos Humanos son universales, indivisibles e interdependientes. Habitar una vivienda adecuada es una condición necesaria para una vida saludable, porque contempla el acceso al saneamiento, la disponibilidad de espacios apropiados para las distintas necesidades básicas, entre ellas un espacio para dormir y otro para la preparación y consumo de alimentos en condiciones de higiene.

Tal y como lo establece la ONU, la situación de las personas sin hogar, que viven en condiciones de extrema precariedad de vivienda o que viven en la calle constituye una crisis de derechos humanos. Este tema, sin embargo, ha estado relativamente ausente de las discusiones y de la agenda pública, a pesar que vemos cada día personas durmiendo y viviendo en situación de calle o habitando en viviendas precarias. La situación de las personas sin hogar es una seria privación de acceso a la vivienda, así como una forma extrema de exclusión social, discriminación y pérdida de la dignidad, en particular cuando afecta a mujeres y niños.

Parece que nos hemos acostumbrado y casi se vuelve un fenómeno que por habitual, se invisibilidad. Y peor aún que la indiferencia, es la “culpabilización” y “discriminación” de que son objeto las personas que viven esta realidad.

Hacinamiento, bajos ingresos y falta de servicios de agua potable, de saneamiento y de luz, que cuando la tienen, es de manera irregular y con riesgos de accidentes, son los rasgos que caracterizan el panorama de los asentamientos o la ocupación de inmuebles precarios. La mayoría de los habitantes es joven, la mitad aproximadamente son menores de 18 años. El promedio de edad es de 23,9 años..

Este proyecto, en lo que refiere a los objetivos e instrumentos para alcanzarlos, no innova, sino que recoge y reconoce como antecedente la experiencia de MEVIR, que significó una acertada respuesta a un problema bien identificado y caracterizado, transformándose en una exitosa política pública, aceptada y continuada por todos los gobiernos que se sucedieron desde su creación. En cambio, sí lo hace a la hora de proveer los recursos financieros imprescindibles para su funcionamiento, buscándolos donde no se suelen buscar y evitando de este modo la tentación de nuevos tributos que es la solución tradicionalmente adoptada en situaciones similares.-



Es así que se dispone afectar parte de los excedentes financieros acumulados por entidades paraestatales solventes, permitiendo de ese modo que los fondos “aparezcan” sin que ello implique resentir el normal funcionamiento de las mismas.-



Complementariamente a dichos aportes, se dispone “compartir” el Fondo de Reconversión Laboral, cuyo producido está 100% destinado a INEFOP y de aprobarse este proyecto, un porcentaje de ese fondo pasaría al nuevo organismo, quedando el restante porcentaje para el INEFOP como hasta ahora.- Este mecanismo de financiación se fundamenta en el hecho de que INEFOP acumula – a la fecha- importantes reservas (inclusive seguirá siendo así después del aporte que se le solicita) y al hecho no menor de que en los últimos seis años de funcionamientos ha invertido poco más del 50% de los recursos recaudados, lo cual le ha permitido acumular excedentes financieros crecientes.-



Estamos preocupados por acercar una solución habitacional a aquellos uruguayos que realmente tienen dificultades para acceder a muchos de los programas que ofrece el Estado. Sabemos que varios legisladores están trabajando en este tema. Hay a estudio del Parlamento algunos proyectos a estudio, incluso del mismo tenor. Nosotros al presentar esta iniciativa, procuramos demostrar que “éste” debe ser un tema prioritario en la agenda política del país. No queremos ver más niños y familias en viviendas de lata, cartón y nylon. Es una injusticia, que debe interpelarnos como sociedad.









JOSÉ CARLOS CARDOSO

Senador


 
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