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Rocha,

Proyecto de Ley - OBSERVACIONES TRIBUNAL DE CUENTAS - REITERACION DEL GASTO

13/03/2018

PROYECTO DE LEY



Art.1º.- Las observaciones que el Tribunal de Cuentas caratule como de urgente consideración y especial gravedad por razones de legalidad, serán remitidas a la Asamblea General, al Poder Ejecutivo o a la Junta Departamental en su caso y a la Junta de Transparencia Pública.

Art. 2º.- La Asamblea General publicará anualmente las observaciones a que refiere el artículo 1º de la presente ley.

Art. 3º.- Cuando los gastos o pagos reiterados y observados a que refiere el artículo 1º de esta ley provoquen perjuicios al Estado, se presume que existe culpa grave de quienes los ordenaron, según lo requerido por el Art. 25 de la Constitució



José Carlos Cardoso

Senador





EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

Tal y como señala el Dr. Marcelo Laborde en una publicación del Instituto de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho, el sistema de control financiero del Estado tiene dos centros; un centro técnico constituido por el Tribunal de Cuentas y un centro político que es la Asamblea General. El primero de ellos valora si los gastos y los pagos han sido efectuados conforme a derecho, en caso de que así no sea emite un juicio, la observación. La Administración no tiene obligación de atenderla, y si la reitera el Tribunal informa al órgano político que debería considerarlo y aplicar las medidas de contralor político. Laborde refiere con acierto a la idea de “una correa de trasmisión” entre esas dos instancias de control, de modo que la eficacia del sistema de control depende del funcionamiento adecuado de cada uno de ellas.

El control político admite diversos cauces de acción o de tratamiento que pueden tener distintos tiempos y no conllevan necesariamente un pronunciamiento inmediato. Para que el control sea efectivo y eficiente requiere que las observaciones del Tribunal de Cuentas sean efectivamente atendidas y tramitadas por Asamblea General. Este proyecto, pretende dar un paso más a los efectos de contribuir al funcionamiento eficiente de ambos componentes del sistema de control.

El buen funcionamiento del sistema democrático requiere, entre otros requisitos, que el manejo de los dineros públicos se realice con la mayor transparencia posible. Por tanto ante situaciones en las cuales el Tribunal de Cuentas observa un gasto y esta observación no es atendida, se hace necesario activar los mecanismos previstos por la Constitución y la ley.

Sin duda alguna, es obligación del Tribunal comunicar a los órganos de control político todas las observaciones no atendidas, pero ello no significa que no pueda procesar la información a los efectos de constatar los problemas principales en materia de ilegalidad financiera. También es necesario que la Asamblea General no sólo reciba las observaciones del Tribunal, sino también las tramite dentro del ámbito de su competencia.

Además de un adecuado procesamiento de la información, debe facilitarse de la mejor forma su flujo y accesibilidad tanto para los legisladores como a la opinión pública, facilitándose así tanto el control político como el control social.

En esta sociedad de la información, es perfectamente posible hacer visible las situaciones en las que el ordenador del gasto no se apega a derecho, permitiendo hacer un seguimiento de la legalidad, la eficacia y la eficiencia del gasto público. La convicción de que quienes tenemos responsabilidades públicas tenemos el deber de “rendir cuentas al soberano”, nos anima a presentar el presente proyecto de ley.



José Carlos Cardoso

Senador


 
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