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Rocha,

PROYECTO DE LEY - REBAJA EDAD DE IMPUTABILIDAD - MENORES

22/05/2012

13/6/2011



Proyecto de Ley Constitucional



Artículo 1º- Apruébanse las siguientes enmiendas a la Constitución de la República:



1º. Sustitúyese su artículo 43, que quedará redactado de la siguiente manera:



Artículo 43- Serán penalmente responsables las personas mayores de dieciséis años y menores de dieciocho años de edad, quienes serán penadas de conformidad con las normas del Código Penal y demás leyes penales. Sólo se les aplicarán penas privativas de libertad cuando cometieren intencionalmente delitos castigados con pena mínima de dos años de penitenciaría y deberán cumplirlas en establecimientos de reclusión que no alberguen a procesados y penados mayores de dieciocho años de edad.



Esta disposición será reglamentada por ley, la que podrá facultar al juez actuante a eximir de responsabilidad al autor del delito, si éste careciere de madurez o discernimiento suficiente.



La ley reglamentaria establecerá las medidas necesarias para la rehabilitación socioeducativa de los delincuentes menores de dieciocho años de edad, persiguiendo su actitud para el trabajo. A tal fin proveerá los recursos materiales, humanos y financieros necesarios para obtener su reinserción social.



La ley podrá modificar la edad en que se adquiere la responsabilidad penal.



2º. Sustitúyese el numeral segundo de su artículo 80 (causales de suspensión de la ciudadanía), por el siguiente:



2º) Por no haber cumplido dieciséis años de edad.



3º. Sustitúyese la Disposición transitoria B) por la siguiente:



B) El artículo 43 entrará en vigor una vez promulgada su ley reglamentaria, la que será proyectada por el Poder Ejecutivo dentro de los tres meses de la realización del plebiscito aprobatorio de la ley constitucional modificativa de los artículos 43 y 80 numeral 2º de la Constitución.



Dicha ley deberá ser necesariamente sancionada dentro de los noventa días posteriores a la presentación del proyecto por el Poder Ejecutivo. Si este plazo fuere incumplido, el artículo 43 entrará en vigor al día siguiente de su vencimiento.



Artículo 2º- La presente ley constitucional será sometida a plebiscito de ratificación el domingo 16 de octubre de 2011. Entrará en vigor en la fecha en que quede firme la resolución de la Corte Electoral que proclamare el resultado del plebiscito.



Montevideo, 12 de abril de 2011.









josé Carlos Cardoso

Representante Nacional por Rocha



Ricardo Berois Quintero

Representante Nacional por Flores



Rodolfo Caram

Representante Nacional por Artigas



Alberto Casas

Representante Nacional por San José



Pablo Abdala

Representante Nacional por Montevideo



Carmelo Vidalín

Representante Nacional por Durazno



Gerardo Amarilla

Representante Nacional por Rivera



Ricardo Planchón

Representante Nacional por Colonia



Amín Niffouri

Representante Nacional por Canelones



Luis A. Lacalle Pou

Representante Nacional por Canelones



Álvaro Delgado

Representante Nacional por Montevideo



José Andrés Arocena

Representante Nacional por Florida





Exposición de Motivos





Del reconocimiento de que a los dieciséis años se es apto para tomar una decisión, derivan dos vertientes: la punitiva y la de los derechos. La consecuencia de la primera es la imputabilidad, la consecuencia de la segunda es el voto.



La participación de menores en hechos delictivos ha promovido encendidos debates no sólo en el ámbito político, sino también a nivel de la sociedad.



En ese marco, han ido ganando terreno posiciones a favor de la rebaja de la edad de imputabilidad, en el entendido de que en el contexto de las sociedades actuales la condición de minoridad se abandona a edades más tempranas. De lo que se trata es de “responsabilizar” a los menores que comentan determinados delitos.



Somos conscientes de la complejidad de causas que conducen al menor a infringir la ley, pero también de que la sociedad toda es parte del problema.



El Uruguay ha realizado, especialmente en los últimos años- un gran esfuerzo para promover políticas de protección social orientadas a corregir las inequidades en la distribución de la riqueza. Precisamente los menores y las mujeres-especialmente jefas de hogar- constituyen el sector más vulnerable de la sociedad; y es hacia ellos donde se han orientado la mayor parte de las políticas sociales.



Sin embargo, la superación de las situaciones de exclusión y pobreza no sólo es cuestión de ingreso de los hogares. La verdadera integración social se alcanza por la vía de la adquisición de habilidades y competencias que permitan el ejercicio pleno de la ciudadanía. Esto significa la recuperación del capital social y cultural que estos sectores de la población han ido perdiendo. Educación y trabajo son las dos vías genuinas para una inserción plena del individuo en la sociedad. En ese sentido, instituciones claves como la educación y el propio Instituto Nacional del Menor, no han alcanzado el nivel de eficiencia para cumplir los objetivos para los que fueron creadas.



Numerosas interrogantes nos plantea la cuestión de la minoridad en situación de conflicto con la ley, ¿por qué ante situaciones similares, hay menores que delinquen, mientras la mayoría no lo hace? ¿las conductas infractoras son expresión del fracaso de las instituciones, son responsabilidad de los menores y su entorno familiar, o acaso es una combinación de estos factores?



Frente a estas circunstancias enfrentamos varios dilemas; por un lado cómo garantizar la convivencia social y la vigencia del estado de derecho, en el cual el orden social reposa en la “adhesión” y “obediencia” al orden legal legítimo. Por otro, cómo interpretar las conductas que se apartan del respecto a la legalidad y cuando se trata de menores, cómo proteger ese capital futuro que es la juventud; cómo revertir los procesos de socialización que apartan al menor de sus derechos a una plena integración social.



Todas estas interrogantes nos asaltan a la hora de enfrentar el tema de la rebaja de la edad de imputabilidad.



Por tanto si ha de prosperar la iniciativa y si es opinión generalizada que debemos avanzar en ese sentido, con este proyecto de ley, se propone equilibrar sus consecuencias. De ese modo los deberes y responsabilidades que se atribuyen, deberán tener como contrapartida el reconocimiento del derecho al voto.



Esto significa, que si se atribuye responsabilidad ante la infracción de la ley, se le está reconociendo capacidad para discernir, conciencia de las decisiones que se toman, entonces, deberá reconocerse el mismo status frente al sufragio, y la misma capacidad respecto a la más básica de las decisiones.





José Carlos Cardoso

Representante Nacional por Rocha



Ricardo Berois Quintero

Representante Nacional por Flores



Rodolfo Caram

Representante Nacional por Artigas



Alberto Casas

Representante Nacional por San José



Pablo Abdala

Representante Nacional por Montevideo



Carmelo Vidalín

Representante Nacional por Durazno



Gerardo Amarilla

Representante Nacional por Rivera



Ricardo Planchón

Representante Nacional por Colonia



Amín Niffouri

Representante Nacional por Canelones



Luis A. Lacalle Pou

Representante Nacional por Canelones



Álvaro Delgado

Representante Nacional por Montevideo



José Andrés Arocena

Representante Nacional por Florida


 
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