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Rocha,
 

Proyecto de Ley sobre violencia doméstica

08/03/2012

Exposición de Motivos.

En la mayoría de los estudios las mujeres aparecen como la principal destinataria de los actos de violencia doméstica, ya sea en relaciones de noviazgo, matrimonio, concubinato, o cualquier otra forma de relación íntima.

La violencia doméstica refiere a las relaciones en las que un miembro de la pareja utiliza medios que le permiten intimidar psicológicamente, o anular física, intelectual o moralmente a la otra persona, con el objetivo de acomodar la relación a sus propias necesidades e intereses.

En las situaciones de violencia doméstica no se trata simplemente de imponer una posición personal como forma de resolver un conflicto, sino que están muy relacionadas con la idea de "propiedad". Las personas que ejercen violencia doméstica, creen, sienten, que la otra persona es de su propiedad. A veces lo expresan claramente cuando dicen: "es mi mujer, son mis hijos, y nadie tiene por qué opinar sobre lo que hago con lo que es mío", "la maté porque era mía", o "si no es mía no es de nadie".

A partir de esta idea de propiedad, se sienten con derecho a controlar y ejercer su autoridad sobre la vida de otra persona, por medios que pueden ir desde la reclusión en el hogar, el control de sus actividades, imposiciones arbitrarias, ataque a su autoestima, degradación psicológica, humillación, amenazas, chantaje económico, desconocimiento de sus necesidades y derechos (entre otras formas de apropiarse de la vida de la persona destinataria), hasta el extremo de darle muerte.

Tal como lo establece la exposición de motivos de la Ley No. 17 514, “ El artículo 18 de la Ley Nº 16.707, de 12 de julio de 1995 determinó un notorio avance en el abordaje de la violencia doméstica, hasta ese entonces considerada sólo como conflicto, al introducir un tipo penal específico incorporando al Código Penal, en su Título XII "De los delitos contra la personalidad física y moral del hombre", Capítulo II, en Sede de Lesiones, el artículo 321 bis correspondiente al delito de "Violencia Doméstica". Este paso - importante sin duda- salió del mundo de lo privado para transformarse en un hecho reprobable y determinante de responsabilidad penal, habida cuenta que este problema, que conmueve a las naciones del mundo, se considera una pandemia de los tiempos modernos. Esto es así por cuanto sus efectos impiden la efectiva realización de los derechos humanos básicos de las víctimas directas e indirectas y obstaculiza el desarrollo económico y social.

Sin embargo, más allá de que haya una ley en la materia, no están dadas las condiciones como para hacer frente al índice de violencia y muertes de hoy, por lo que en Uruguay la violencia doméstica se ha convertido en un grave problema de seguridad pública y de afectación a la sociedad civil.

Todos los actores implicados en el abordaje de la violencia doméstica coinciden en señalar en que desde 2002 han aumentado los índices de violencia y las muertes de mujeres. Para octubre del 2011 se habían registrado alrededor de 26 muertes por esta causa, a las que vienen a sumarse las acontecidas entre los últimos días del pasado año y los primeros del año en curso.

Se identifican numerosos obstáculos para que la ley sea efectiva, entre ellos que el procedimiento actual es muy engorroso y lento, que a nivel de juzgados y seccionales policiales no hay personal capacitado para este tema. Entonces, no siempre se comprende la dimensión real de la situación que viven las víctimas, por lo cual muchas veces es difícil concretar la denuncia.

Para hacer más efectivas y eficaces las medidas tendientes a combatir este flagelo se proponen entre otras medidas, la aprobación de un protocolo de actuación ante los casos de acoso sexual y violencia de género, hacer una capacitación y sensibilización para educadores y funcionarios de la salud, del Ministerio del Interior y el Poder Judicial, y también en los sindicatos y con los negociadores ante el Ministerio de Trabajo.

Reconocemos que es necesario perfeccionar el funcionamiento del sistema, pero mientras ello ocurre las muertes continúan ocurriendo, lo cual es un verdadero drama para los hogares implicados en estos episodios y para la propia sociedad. Según el Observatorio de Violencia y Criminalidad del organismo estatal encargado de la seguridad pública, el 94 por ciento del total de mujeres víctimas de homicidio conocía a su agresor, mientras que en 44 por ciento de los casos se trataba de su pareja o ex , lo que habla a las claras de lo tremendo de este problema y de lo mucho que hay que trabajar para poder controlarlo y abatir el número de casos de violencia domestica, que terminan en muertes que podrían y deberían ser evitadas.

En función de estas consideraciones, entendemos que es una obligación del Estado privilegiar la vida de las víctimas de violencia doméstica, y hay que actuar rápidamente para evitarlas, más aún cuando en la mayoría de los casos de muerte, habían existido episodios previos de violencia física.

Por tanto este proyecto se propone dar claras señales de esta voluntad, haciendo obligatoria la remisión del agresor a la justicia penal para que actúe de conformidad a los dispuesto por al Art. 321 bis del Código Penal, sin perjuicio de someterlo a programas de rehabilitación hasta tanto haya razonables garantías de su estabilización emocional.



José Carlos Cardoso
Representante Nacional por Rocha.

Ricardo Berois Quinteros.
Representante Nacional por Flores.

Rodolfo Caram.
Representante Nacional por Artigas.

Alberto Casas.
Representante Nacional por San José.



Jaime Trobo.
Representante Nacional por Montevideo

 


Proyecto de Ley

Modifícase el artículo 10 de la Ley No. 17. 514, que quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 10.- A esos efectos podrá adoptar las siguientes medidas, u otras análogas, para el cumplimiento de la finalidad cautelar

1)

 

Disponer el retiro del agresor de la residencia común y la entrega inmediata de sus efectos personales en presencia del Alguacil, debiendo preverse un alojamiento temporal mientras dure la medida , en caso de que el agresor no disponga de medios. Asimismo, se labrará inventario judicial de los bienes muebles que se retiren y de los que permanezcan en el lugar, pudiéndose expedir testimonio a solicitud de las partes.

2)

No será de aplicación la medida anterior en los casos en que el agresor por medio de amenazas contra la vida o violencias que causaren una o varias lesiones personales o lesiones a la integridad moral, a persona con la cual tenga o haya tenido una relación afectiva o de parentesco, con independencia de la existencia de vínculo legal. En tal caso el Juez, sin perjuicio de las medidas cautelares, dará cuenta a la justicia penal dentro del plazo estipulado en al Art. 21 de la presente ley, a los efectos de los dispuesto en el Art 321 bis del Código Penal.

3)

Disponer el reintegro al domicilio o residencia de la víctima que hubiere salido del mismo por razones de seguridad personal, en presencia del Alguacil.

4)

Prohibir, restringir o limitar la presencia del agresor en el domicilio o residencia, lugares de trabajo, estudio u otros que frecuente la víctima.

5)

Prohibir al agresor comunicarse, relacionarse, entrevistarse o desarrollar cualquier conducta similar en relación con la víctima, demás personas afectadas, testigos o denunciantes del hecho.

6)

Incautar las armas que el agresor tuviere en su poder, las que permanecerán en custodia de la Sede, en la forma que ésta lo estime pertinente. Prohibir al agresor el uso o posesión de armas de fuego, oficiándose a la autoridad competente a sus efectos.

7)

Fijar una obligación alimentaria provisional a favor de la víctima.

8)

Disponer la asistencia obligatoria del agresor a programas de rehabilitación.

9)

Asimismo, si correspondiere, resolver provisoriamente todo lo relativo a las pensiones alimenticias y, en su caso, a la guarda, tenencia y visitas.

  En caso de que el Juez decida no adoptar medida alguna, su resolución deberá expresar los fundamentos de tal determinación.

José Carlos Cardoso
Representante Nacional por Rocha.

Ricardo Berois Quintero.
Representante Nacional por Flores.

Rodolfo Caram.
Representante Nacional por Artigas.

Jaime Trobo.
Representante Nacional por Montevideo

Alberto Casas.
Representante Nacional por San José.


 
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