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Rocha,

Ley de Colonización

30/12/2008

EXPOSICION DE MOTIVOS.



A partir de la promulgación de la ley del 2 de noviembre de 2007, se ha creado una situación de alarma generalizada entre los colonos, en la medida que se van enterando del alcance y los efectos que provoca la norma.



La creación de la denominada «ley de repoblación de la campaña» establece que en las áreas pertenecientes a colonos «quedan comprometidas todas aquellas tierras, cualquiera fuere su origen, incluso aquellos predios comprados a principios o mediados del siglo pasado al Banco Hipotecario del Uruguay, hasta que en 1948 se creó el INC”. De acuerdo a la Ley 18.127 los predios que fueron adquiridos por la ley anterior a la 11.029, de 1948, que dio lugar a la formación del Instituto Nacional de Colonización (INC), deben también inscribirse ante el instituto, a efectos de la regularización de títulos de propiedad.



Los colonos cuestionan que antes de la vigencia de la 11.029, compraron los predios a través del Banco Hipotecario y terminaron de pagarlos, por lo que tienen la propiedad de los predios de pleno, sin las limitaciones que impone la 11.029 -recogidas ahora por la 18.127- a los que se acogieron al régimen posterior del INC, en la que se estableció que deben transferirse a otros colonos y contar con la autorización del instituto, entre otros aspectos.



Se introduce así una norma que, no sólo es inconstitucional por cuanto, su aplicación “violenta el derecho de propiedad adquirido con anterioridad”, sino que también al alterar las “reglas” erosiona el principio de “certeza jurídica” y provoca perjuicios económicos a un número importante de propietarios. Efectivamente, todos esos predios se vendían, compraban o se negociaba con ellos sin mayores problemas, una vez pagos. Ahora al insertar esos predios en el régimen del INC, con todas las limitaciones, se quita al productor la posibilidad de disponer de su propiedad.



El productor que normalmente arrendaba un predio, lo daba en pastoreo, capitalización de animales o en medianería, o hacía el tipo de contrato rural que más le convenía, muy común en la campaña, hoy necesita para todo eso, permiso del INC. Esos requisitos antes no existían, por lo cual todos esos propietarios que actualmente están incluidos dentro del régimen del instituto, deberían ser excluidos del alcance de la norma.



La nueva ley afecta también la comercialización de esos predios, debido a que el elenco de compradores se limita enormemente, habida cuenta que únicamente van a poder comprar aquellos que estén inscriptos en el INC como aspirantes. Sabemos que esas personas son desalojados o medianeros que no tienen medios económicos, entonces la posibilidad de venta de esos predios e incluso la comercialización bajo otras modalidades -hipotecas, arrendamientos, etc.- son mucho más limitadas.

Definitivamente, es un sistema en el que ahora ser pone “un corsé” del cual debemos sacar a los productores.

Por otra parte, los títulos debían ser inscriptos antes del 3 de noviembre de 2008 en el INC. Se otorgó una prórroga. Quien no lo hizo a la fecha, incurre en una multa del 25% del valor catastral del inmueble, para poder tener 12 meses más. Si en esos 12 meses más no registran los títulos, lisa y llanamente pierden la tierra, que pasa al patrimonio del INC, sin indemnización alguna.

Quienes tienen predios especialmente adquiridos al BHU, estarían también comprendidos, porque la ley es muy amplia en su redacción. Pero además abarca a aquellos colonos que integran colonias que no fueron del BHU, por ejemplo colonizaciones privadas, como la Colonia Ofir en el departamento de Río Negro, que corren serio riesgo de no poder operar con esos predios, e incluso incurrir en multas y hasta llegar a la situación de perder sus tierras.

Esto es muy grave, por cuanto afecta totalmente los derechos adquiridos de las personas y fundamentalmente atenta contra principios básicos, claramente establecidos en la Constitución de la República.

La situación, que involucra a colonos de todo el país, fue tratada en asambleas de productores en distintos puntos del país. La Asociación de Escribanos del Uruguay tomó cartas en el asunto para clarificar el panorama. Se está elaborando un recurso de inconstitucionalidad para presentar ante la Suprema Corte de Justicia, y probablemente también se trabaje en un recurso de reparación, porque ya se están produciendo graves perjuicios a muchos propietarios de esas tierras. Fueron a venderlas para solucionar problemas personales y se encontraron con que le negaron la autorización, o la pérdida del potencial comprador que lisa y llanamente ahora no lo hace.



A medida que transcurren los días se conocen más y más perjuicios provocados por esta ley. La problemática tiene varios casos emblemáticos que se repiten permanentemente, incluso con los mismos bancos. Evidentemente esta ley está causando un profundo y justificado malestar y creemos necesario corregir esta situación.



Todos compartimos la idea de fortalecer al INC, así como la de regularizar la titulación de tierras. La discrepancia esencial que se ha dado en este tema es el de considerar incluidos en los bienes que necesitan autorización del INC para su venta y a favor de adquirentes que hayan sido aceptados como aspirantes de tierras por dicho organismo, los bienes que fueron enajenados antes de la Ley 11.029 que creó dicho Instituto de Colonización en el año 1948.



Durante muchos años el Instituto informó verbalmente e incluso en las oportunidades en que se le solicitó expidió constancias, estableciendo que esas fracciones no estaban comprendidas en la regularización de dicho organismo, y que quienes actuaron con ese convencimiento ahora deben decirles a los adquirentes que en lugar de comprar bienes libres tienen esa enorme dificultad en cuanto a su valor y posibilidad de negociación.



Proponemos se modifique la ley, eliminando de su alcance a todas las colonias y en forma especial a las fracciones que habían sido vendidas originalmente por el Sector Fomento Rural y Colonización del Banco Hipotecario del Uruguay.



Es por urgencia que advertimos tiene este delicado asunto que proponemos una ley modificatoria del norma cuestionada en el mismo sentido de los realizado por los Senadores Eber da Rosa, Carlos Daniel Camy e Isaac Alfie en el Senado de la República, autores de una iniciativa similar.

Se necesita un rápido y urgente tratamiento del asunto que también está teniendo derivaciones en el sistema financiero en la medida que los productores que se encuentran en esta situación no pueden acceder a créditos con garantía inmobiliaria. Recuérdese que se trata de predios que están en todo el país, algunos en manos de sus propietarios desde 1920.









José Carlos Cardoso

Representante Nacional



Luis Lacalle Pou

Representante Nacional



Andrés Abt

Representante Nacional



Gustavo Borsari

Representante Nacional



Alberto Casas

Representante Nacional



Rodolfo Caram

Representante Nacional



Pablo Abdala

Representante Nacional









PROYECTO DE LEY



Artículo Único: Sustitúyese el Artículo 70 de la Ley 11.029 de 12 de Enero de 1948, en la redacción dada por el Art. 15 de la Ley 18.187, por la siguiente redacción: La propiedad, uso o goce la las parcelas que formen las colonias estarán afectadas a los fines de interés colectivo que por esta ley se promueven. Toda enajenación, gravamen o subdivisión, o la cesión en cualquier forma de disfrute, debe hacerse con la autorización previa del Instituto Nacional de Colonización (INC) un en el caso en que el colono haya satisfecho íntegramente sus obligaciones. El INC se opondrá a cualquiera de estas operaciones cuando entienda que contrarían el principio establecido en el Inc. 1º de este artículo, siendo nulos de pleno derecho toda enajenación voluntaria o forzada, gravamen o subdivisión, o la cesión en cualquier forma de disfrute relativa al predio, que se realice sin el consentimiento de aquel. Los Registros Públicos no inscribirán negocio alguno que no cuente con la constancia de haberse otorgado por parte del INC, la autorización respectiva si correspondiere. Asimismo, será preceptiva la comunicación oficial por parte del INC a los Registros Públicos relativas a los inmuebles que se encuentren afectados por la presente ley. El Directorio del INC, podrá acceder a estas operaciones aunque ellas no se ajusten al principio anunciado, en casos excepcionales y por resolución fundada, adoptada por un mínimo de cuatro (4) votos conformes. Asimismo, podrá exigir al colono la realización de un llamado público a interesados, previo a la enajenación o a la cesión en cualquier forma de disfrute del predio afectado a los fines de interés colectivo promovidos por esta ley. Quedarán convalidadas ipso iure todas las nulidades que afecten a los contratos celebrados si la autorización previa del INC anteriores a la promulgación de la Ley Nº 18.187. A partir de la promulgación de la misma, se seguirá requiriendo la autorización previa del Directorio del INC para la celebración de toda forma de enajenación voluntaria o forzada, gravamen o subdivisión o mismo la cesión en cualquier forma de disfrute, referida en el presente artículo. Las fracciones enajenadas por el Banco Hipotecario del Uruguay con anterioridad a la Ley Nº 11.029 o las que formaban partes de las colonias creadas con anterioridad a esa ley, incluso las privadas, escrituradas o no, no se encuentran afectadas ni comprendidas en ninguna forma por las disposiciones de esta ley y continuarán rigiéndose por el derecho común.





José Carlos Cardoso

Representante Nacional

Luis Lacalle Pou

Representante Nacional



Andrés Abt

Representante Nacional



Gustavo Borsari

Representante Nacional



Alberto Casas

Representante Nacional





Rodolfo Caram

Representante Nacional



Pablo Abdala

Representante Nacional


 
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