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Rocha,

El diputado José Carlos Cardoso será el miembro informante por la en minoría
Mañana el Parlamento votará la creación de un nuevo impuesto que no tendrá los votos del Partido Nacional

20/11/2006

En la sesión de mañana martes, la Cámara de Representantes votará la creación de un adicional al Impuesto a las Trasmisiones Patrimoniales.

En la ocasión el Partido Nacional rechazará la iniciativa del Ejecutivo por considerarlo inconstitucional, inoportuno, inconveniente, por cuanto afecta a la competitividad del sector agropecuario y de nula aplicación.

El Diputado José Carlos Cardoso sostiene que señalar que los problemas de la tierra en el Uruguay se mantienen incambiados desde 1948 es otra afirmación disparatada y propia de alguien que no ha sido capaz de advertir los fenomenales cambios que en materia de productividad de esa misma tierra se han generado, al punto que el 75% de nuestras exportaciones siguen teniendo origen en el sector pecuario.



Una vez más se constata que el viejo tema de la propiedad de la tierra es uno de los debates aún pendientes.



Así mismo el Legislador advierte que es inconstitucional porque una vez caducado el impuesto, señala que será el Poder Ejecutivo, el que aportará los recursos de Rentas Generales, en contradicción con el artículo 86 de la Constitución que indica que cada gasto deberá tener un financiamiento y se aprobará en leyes de Presupuesto



El Diputado Cardoso sostiene que se irrumpe con un nuevo impuesto a la tierra, dando señales negativas a las transacciones que se realizan en el país.



Pero además, agrega algunos conceptos que no tienen antecedentes jurídicos claros, como establecer lo que la Constitución no distingue: un derecho de “propiedad agraria" dentro del derecho de propiedad, tal como lo señala la exposición de motivos del proyecto.



Finalmente el miembro informante por la minoría, observa que el concepto de "necesidades de la Nación", utilizado en la exposición de motivos del proyecto, alarma. Esta concepción, hegeliana la utilizaron – exactamente con esa terminología- los regimenes fascistas y nacional socialista de la primer mitad del siglo XX. Es por tanto, propio del derecho fascista totalmente ajeno a nuestro ordenamiento. Nuestro ordenamiento jurídico habla de “interés público” o de “interés general”.


 
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