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Rocha,

Manzana de la Discordia: AL INTENDENTE DE ROCHA

15/02/2007

La discusión pública y reiterada hasta la fatiga de aspectos menores y laterales no ha logrado, aunque lo ha intentado, que la atención de la ciudadanía se distraiga con respecto al núcleo central del problema generado en Punta del Diablo con la habilitación de los comercios de la manzana uno.

El problema principal es determinar si es o no cierto que el Intendente Municipal puso todo el aparato jurídico y administrativo de la Intendencia al servicio de un particular (el dueño de la manzana uno de Punta del Diablo) para permitirle que pudiera extraer un beneficio económico a costa de los comerciantes allí instalados.

Los hechos –objetivamente examinados, como lo haremos a continuación– indican que se incurrió en una brutal desviación de poder en beneficio directo de un particular. Que, como es notorio, desde mucho tiempo antes se anunciaba lo que iba a lograr en función de amistades que decía gozar en el gobierno nacional y en el departamental.

No es fácil determinar las intenciones con que actúan los gobernantes. Pero a veces se hace sencillo hacerlo. Y éste es uno de esos casos.

La historia de lo sucedido así lo acredita.

Todos saben ya en Rocha que el escándalo se suscitó cuando la Intendencia –contrariando una práctica que venía de muchos años atrás – anunció a los comerciantes de la manzana uno de Puntas del Diablo que no se les concedería la habilitación para funcionar si no contaban con la autorización del propietario del inmueble.

Esto –sumado a las exigencias económicas del propietario en cuestión– desencadenó el problema.

Veamos la sucesión de hechos:

A principios de la temporada pasada (enero del 2006), la Intendencia informó a los comerciantes de la manzana uno que no se les concedería la habilitación si no contaban con la autorización del dueño del inmueble (resolución nº 010/2006).

Debe tenerse en cuenta que la ordenanza de la Junta Departamental no exige tal autorización. Que nunca se había exigido a nadie tal requisito para conferir la habilitación, ni en Punta Del Diablo ni en el resto del departamento. Es notorio que, hasta ese momento la habilitación se concedía a los comerciantes de la manzana uno sin la firma del propietario.

De inmediato, los comerciantes de la manzana uno interpusieron recursos administrativos contra la resolución 010/2006, fundando su impugnación en que no había norma alguna que exigiera tal autorización. La Ordenanza de la Junta Departamental no la exige.

En el mes de octubre del 2006, estando aún los recursos en trámite, el Intendente dicta la resolución nº 2976/2006, que, en lo sustancial dispone que:

a) no se dará habilitación sin autorización del propietario;

b) no se dará habilitación si el inmueble no está al día con la contribución inmobiliaria.-

Cualquiera puede decir que es una resolución con nombre y apellido. Ya que parece dictada para quitar el único y fundado argumento de los comerciantes recurrentes.

La resolución se funda expresamente en la necesidad de garantizar el cobro de la tasa de habilitación. Lo que es un fundamento falso, porque esa tasa se cobra al contado antes de dar habilitación. Además, la autorización del dueño del terreno no le convierte en codeudor del tributo, así que su consentimiento nada garantiza su cobranza.

De inmediato –el 6 de noviembre-, el Intendente rechaza los recursos administrativos. El expediente queda paralizado durante dos meses, hasta los últimos días de diciembre. O sea, cuando los comerciantes ya estaban instalados, contratado personal y adquirido mercaderías (lo que implica graves pérdidas en caso de cierre del comercio). En ese momento se les exigió la firma del Sr. Wilmar Fernández Lema bajo amenaza de clausura inmediata.

Y, como la mediación del Dr. Mario Anza fracasó, por lo menos parcialmente, porque uno de ellos sí pagó, hubo cierres en la manzana uno. Eran poseedores que no tenían la autorización del dueño del terreno.-

En forma simultánea, en la manzana contigua propiedad de otra persona, se concedió la habilitación a poseedores que no tenían la autorización del dueño del terreno. Hay varios comercios en esa situación.

A todo esto, y a esa fecha, el único lugar del departamento donde se practicaba este mecanismo singular era la manzana uno de Punta del Diablo.

Hasta muchos días después – y solamente luego de desatado el escándalo público – la Intendencia no practicó similar exigencia en ningún otro punto del departamento. Esta dualidad de criterios basada solamente en la distinta identidad del dueño no fue la única irregularidad extraña y altamente sugerente.

Las habilitaciones de comercio se tramitan en una dependencia administrativa de la Intendencia, salvo las de la manzana uno. Esas se tramitaron exclusivamente en la Secretaría del Intendente. Nadie ha explicado el motivo de tan extraña diferencia. La resolución del 5 de octubre se aplicó con todo el peso de la ley a los comerciantes de la manzana uno. No así a su dueño. Porque cuando éste logró el único acuerdo económico que pudo concretar, su autorización habilitó la inmediata habilitación del restaurante EL TIBURÓN, cuya clausura se levantó de inmediato. Y decimos que la resolución del 5 de octubre no se aplicó al Sr. Fernández Lema porque él no estaba al día con la contribución inmobiliaria. Al 16 de enero de este año, debía desde septiembre del año 2005.

Pero a él no le aplicaron la resolución. Esa que sí se aplicó a los comerciantes que rehusaron pagar lo que les pedía el propietario. Y que tampoco se aplicó a los comerciantes de la manzana contigua.

Todo indica que Fernández Lema intenta ahora ocultar que realmente cobró porque se ha percatado de que la maniobra fue burda en exceso y ha quedado en evidencia que hubo una desviación de poder en su favor.

Lo que le puede acarrear consecuencias en el orden penal.

Todo esto es gravísimo. La Intendencia no puede poner todo su aparato administrativo y jurídico al servicio de un amigo para que éste quede en condiciones de extraer alguna suma de dinero a otros particulares. Y todo indica que eso fue lo que hizo el Sr. Intendente en este caso.

En mi intervención televisiva en el programa PROTAGONISTAS, en el mes de enero en CANAL 8 propuse que el Intendente formulara una explicación pública.

Creo que nadie puede negar que lo que resulta de la relación objetiva de los hechos arroja gravísimas sospechas sobre todo este asunto.

Pero el Intendente mantiene su extraño mutismo. Viola así su obligación fundamental de tener informada a la ciudadanía. Viola así el compromiso de su partido y de todo el FRENTE AMPLIO de desplegar absoluta transparencia en su actuación administrativa. Viola así todas las promesas de cristalinidad total que hizo durante su campaña electoral.

Parece que su extraño silencio es expresión de plena conformidad con que la atención pública se pose en el cuestionamiento al Dr. Mario Anza por su mediación frustrada y quede por allí la cosa. Cuando el tema claramente lo involucra como jefe máximo del servicio y autor de las resoluciones citadas.

Por lo que reitero mi anterior emplazamiento público:

Intendente, ya es hora de que nos de una explicación de todo esto. Y mejor sea que la tenga.



José Carlos Cardoso


 
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