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Rocha,

Partido Nacional se opuso a la nueva Carta Organica del Banco Central. Informe del Diputado Jose Carlos Cardoso

22/10/2008

Intervención del diputado José Carlos Cardoso en la Sesión Extraordinaria de fecha 22/10/2008



Señor Presidente: como primera reflexión, debo decir QUE EL TRATAMIENTO PARLAMENTARIO DADO A ESTE PROYECTO NO PUDO SER PEOR.

Hablamos de la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, que debe contar con el apoyo y el trabajo de carácter conjunto y convergente, construyendo institucionalidad de forma permanente, lo que es muy importante, sobre todo teniendo en cuenta que se trata del ámbito de las finanzas públicas y de un órgano tan significativo como el Banco Central del Uruguay.

El 28 de diciembre de 2005 llegó el Mensaje del Poder Ejecutivo al senado. La primera reunión de Comisión allí tuvo lugar el 6 de abril de 2006, oportunidad en la que se contó con la comparecencia del señor Ministro, del señor Subsecretario y del equipo económico. En dicha reunión hubo manifestaciones y preocupaciones por parte de un Senador del oficialismo, lo que provocó respuestas del señor Ministro e hizo que el proyecto no se discutiera durante más de dos años. Luego de ese tiempo, la iniciativa volvió a la Comisión del senado, de allí al plenario y de allí a la Cámara de Diputados. Se vino el Katrina a 200 km por hora porque urgen determinados plazos, es comprensible, pero va en contra de la racionalidad de discutir un proyecto de esta naturaleza. Se crean cargos políticos nuevos, ¿Que habrá dicho el Senador Michelini? tan entusiasta reducidor de los cargos de los directorios? ¿lo recuerdan?.

En definitiva, recibimos los asesoramientos pero solo para ilustración parlamentaria, una especie de cursillo, sin lugar a debates o modificaciones se trata de un mal acuerdo desde el punto de vista de los entendimientos porque, en última instancia, motivó que las divergencias existentes en la bancada de Gobierno se solucionaran, pero no permitieron ni permiten modificaciones sustanciales para que no se produzca una ruptura de los equilibrios sobre el alcance de este proyecto. Esto es lamentable, porque tenemos una serie de observaciones y comentarios, no solo del punto de vista político, sino también en cuanto a los aportes que realizaron los diversos asesores que fueron convocados contra reloj a nuestra Comisión.

En particular, algunos economistas que estaban en condiciones de aportar, no solo su experiencia, sino su conocimiento de carácter profesional. Caumont, Protasi, Bergara, De Brun, Banda

Los aportes fueron recibidos y podría haber habido modificaciones pero en el fondo esta iniciativa se está manejando sin ningún tipo de flexibilidad y pone de manifiesto una serie de dificultades.

Según expresiones del ex Subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas y candidato a presidir el BCU, se establecían tres metas: la primera de ellas, delinear las relaciones institucionales entre el Banco Central y el MEF; la segunda, reorganizar el Banco Central como regulador financiero; y la tercera –al margen–, crear una persona pública no estatal, es decir, la Corporación para la Protección del Ahorro Bancario que, según expresiones muy gráficas del señor Bergara, se iba a transformar en un hospital de las empresas financieras en dificultades y no en una morgue, como ocurre actualmente en el sistema financiero, cuando alguna institución queda por el camino.

En lo que tiene que ver con las funciones, la primera de dichas modificaciones pone como objetivo el crecimiento y el empleo. A este respecto, se produjo una discusión a la que aportaron su opinión varios asesores con visiones distintas. En particular, el catedrático de Política Monetaria de la Facultad de Ciencias Económicas, profesor Ariel Banda, hizo un aporte tanto en el Senado como en nuestra Comisión, bien orientado, clasificando los distintos tipos de Banco central según sea su independencia por objetivos, por metas o por instrumental.

Explicó que el 16% de los Bancos mundiales tienen una independencia por objetivos, como es el caso del Bundesbank; el 42%, por metas –en este caso, los objetivos están determinados por el Poder Ejecutivo y se fijan las metas que debe perseguir el Banco Central. Por ejemplo, ante una inflación, tiene que controlarla dentro de determinados parámetros, en función de los objetivos establecidos–; y, por último, el 35% tiene independencia por instrumental.

Por lo tanto, el objetivo y las metas del Banco Central los fija el Gobierno en la Ley Orgánica, y la institución, desde el punto de vista instrumental, va adoptando determinadas medidas en función de las limitaciones y competencias legales. Precisamente, este es el caso del proyecto de ley que nos ocupa, de acuerdo con el cual el Banco Central del Uruguay funciona con autonomía instrumental.

La discusión que se establece desde el punto de vista institucional y de las competencias que se otorgan a la institución, el profesor Banda señaló también que se pueden distinguir tres tipos de independencia instrumental: la política –es decir, la institucional–, la operacional y la financiera.

Cuando hablamos de autonomía política nos referimos al mandato, a la integración del Directorio, a los plazos y a los requisitos. En este sentido, el Poder Ejecutivo cambió el criterio. El proyecto original establecía dos aspectos: por un lado, cierta cantidad de Directores y, por otro, el desfase entre los tiempos políticos y los técnicos. El sólido argumento que empleó el Subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas en la presentación del Senado aludía a la continuidad, pero no a la de determinados pensamientos, sino a la continuidad institucional, en la medida en que junto con la continuidad, un órgano o institución de esta naturaleza –y con este tipo de autonomía– aporta memoria y experiencia, sin que ello signifique un disloque absoluto entre el pensamiento político de un Gobierno que puede cambiar y los aportes técnicos e instrumentales del Banco Central del Uruguay. No se trata de una mala idea, porque este concepto de continuidad existe mundialmente, incluso en muchas instituciones que están fuera de lo que se entiende comúnmente por institucionalidad y autonomía. Cuando un gobierno toma la posta, necesita por lo menos cierta continuidad en cuanto a la memoria, la experiencia y algunos rumbos burocráticos, que le permita ejercer su administración sin exponerse a sobresaltos que, a veces, forman parte de la experiencia de gobierno. Es un fenómeno que se observa en relación con el Banco Central y con el funcionamiento de la propia Administración Central; en tal sentido, existen determinados países que utilizan la continuidad con un sentido muy positivo.

Luego se modificó con el argumento de que, en realidad, tiene que existir un calce claro entre el cambio político y el de carácter institucional en el Banco Central del Uruguay. El cambio en el Senado no fue bueno. Sin embargo, se cambió el criterio y ahora se mencionan, entre otras cosas, las funciones, y lo que tiene que ver con las funciones, el hecho de que se agreguen el crecimiento y el empleo al mismo objetivo. En este punto, recuerdo lo expresado por el profesor Banda en la Comisión, en cuanto a que hoy en día la política monetaria tiene muy poca influencia sobre las variables reales, puesto que la cantidad de dinero que se crea es nominal. Entonces, la influencia se ejerce sobre variables nominales como, por ejemplo, los precios y el tipo de cambio nominal, pero no de forma duradera sobre el tipo de cambio real, aunque sí por períodos cortos. Tampoco puede influir a largo plazo en el Producto, y lo mejor que podría hacer es contribuir a que este funcione bien por medio de la estabilidad de precios. Este es el concepto. Asimismo, señaló que no puede mejorar el empleo, porque si emitiendo dinero terminamos con el desempleo, es evidente que ningún país tendría desempleados.

Luego, el economista Banda, señala que “el primer objetivo es el sistema de pago e inmediatamente por debajo se ubican los otros dos, es decir, un buen funcionamiento del sistema financiero y un control de la inflación”. Hace aquí una referencia muy clara y gráfica, que dice así: “Visto así, la idea” –es decir, incluir este tipo de competencias– “aparece como algo muy lindo en el texto, pero no deberíamos olvidar que los países grandes trabajan con la regla de Taylor: cuando la inflación se dispara por arriba de la meta, se sube la tasa de interés, cuando el Producto se escapa por encima de lo previsto a largo plazo, se sube la tasa de interés, y cuando es al revés se baja. Si estas dos variables van en el mismo sentido, la situación es favorable, pero si no es así, la realidad es otra.”

Posteriormente, realiza una serie de referencias sobre la relación de la economía decreciendo o creciendo y la importancia de la “maquinita” para frenar esa tendencia en la macroeconomía.

En en el modelo chileno –pero también en Nueva Zelanda y otros países–, la Carta Orgánica incluye precios y empleo. El problema es que cuando se da el fenómeno de la estanflación,” aparentemente es cuando se produce inflación con estancamiento– “eso no funciona y, por lo tanto, o el Banco Central viola la ley o la economía se cae”.

Esta es la reflexión que hace este catedrático, sin perjuicio de otros aportes que realizaron otros asesores

Por su parte, el economista Caumont plantea los objetivos y dice que esta iniciativa está redactada de manera muy entreverada. Sobre este tema, nos dijo: “Creo que hay tres objetivos que están incorporados en dos literales. En el primero se hace referencia a la inestabilidad de precios”. Luego señala que, en realidad, debería hablar de estabilidad de la moneda o nivel general de precios.

Por otro lado, el economista de Brun es un poco más enfático y señala que el proyecto peca de utilizar un mal español y una peor técnica económica, a lo que agregaría, una peor técnica legislativa. Este economista dice que “el Banco Central tendrá como finalidad primordial la estabilidad de precios que contribuya con los objetivos de crecimiento y empleo”, que es lo que establecía en una primera instancia el proyecto de ley del Poder Ejecutivo.

Como se podrá apreciar, aquí hay una discrepancia –lo que es muy lógico porque son dos visiones distintas– que desde nuestro punto de vista afecta la coherencia, por lo que hubiéramos querido tener la oportunidad de discutir estos aspectos institucionales en profundidad; es decir, el de la competencia, el del número de los integrantes y la vinculación con el resto de los aspectos institucionales, y el del desfase de los tiempos.

Con respecto al tema institucional y siguiendo la clasificación que el economista Banda realizó con respecto a lo que es la autonomía instrumental de carácter político, podemos referirnos al Comité de Coordinación Macroeconómica. En este sentido, se modifica el sistema de designación y el proyecto de ley marca un retroceso en la desvinculación del mandato. Estos cambios no se justifican en la medida en que la iniciativa se inclina por una opción de autonomía instrumental en la cual el Gobierno decide los objetivos y las metas y el Banco Central determina qué instrumentos debe utilizar y de qué forma hacerlo.

Además, este Comité tiene una integración de tal naturaleza que afecta la autonomía del Banco Central en la medida en que hace prevalecer el criterio del Ministerio de Economía y Finanzas sobre esta institución. No es lógico que este Comité esté constituido por Directores del Banco Central y dos funcionarios del Ministerio de Economía Finanzas, que están sujetos a jerarquía. Esto crea un problema de discusión pública –que va a tener sus filtraciones nada menos que en un área tan delicada como la financiera– y uno de enfrentamiento jerárquico institucional, porque una cosa es que prevalezca el criterio de un Ministro y otra es que prevalezca el de un funcionario sobre los Directores del Banco Central. Considero que es muy difícil poder administrar esto sobre todo teniendo en cuenta las competencias que se brindan a este Comité de Coordinación.

Creemos que hasta ahora esto ha funcionado bien, y debería dejarse el nivel de entendimiento y de diálogo entre las dos instituciones, que son parte de una fortaleza institucional para poder tomar decisiones adecuadas. En la historia del Banco Central y del Ministerio de Economía y Finanzas no se han visto circunstancias tales que pongan al país al borde de la crisis por falta de entendimiento entre los jerarcas que están al frente de estos organismos. Puede ocurrir que haya visiones distintas en la interpretación, pero no se puede decir que no somos capaces de entender estos temas porque son de tal sensibilidad que cuando existen discrepancias de esta naturaleza, afectan directamente la confianza del público o del ciudadano. Esta confianza es el centro del relacionamiento entre el sistema financiero, la economía del país y los distintos agentes económicos, ya sea individuales, personas jurídicas o de distinta naturaleza. Además, este tema pone rigidez entre los organismos y limita la autonomía del Banco Central.

Por otra parte, no entendemos cómo se explica que se eleve de tres a cinco el número de Directores del Banco Central, sobre todo teniendo en cuenta que de las propias normas no surgen especialidades que determinen que estos funcionarios participen en actividades que puedan ser distribuidas para un mejor proceso de toma de decisiones. Además, al no existir una gerencia general que centralice la actividad de las distintas áreas, creo que un ejecutivo colegiado complica la gestión y debilita la dirección. Al volver a la renovación simultánea de todo el Directorio, se pierde la posibilidad de asegurar la continuidad y la experiencia que aportan los distintos Directores. Si bien este es un tema gerencial, transporta el funcionamiento del Banco Central a un sistema colegiado que, aun con los números y los miembros que posee, termina estando descalzado de lo que es un proceso de toma de decisiones, que debe tener la debida prudencia y discreción, la debida coordinación institucional y la debida especialización, lo que no se asegura en este caso.

Un tema de especial gravedad jurídica es el siguiente. La autonomía de la Superintendencia está anulada por las facultades del Directorio. Esto quiere decir que el Directorio tiene la posibilidad de revocar de oficio todos los actos administrativos y ni siquiera se utiliza el procedimiento del recurso de revocación, que es el más usual. Si, el Directorio, de oficio, permanentemente tiene el derecho de revocar todas las acciones o todos los actos administrativos. Se debe tener en cuenta que las materias de las que se ocupa la Superintendencia tienen repercusiones realmente importantes en el funcionamiento del sistema. Si para tener una Superintendencia libre de interferencias políticas es necesario sacarla del Banco, hagámoslo y constituyamos un organismo independiente; esa podría ser la solución pero, a la inversa, lo que se plantea aquí es la concentración de toda la actividad del Banco Central y la creación de un órgano cuyos integrantes podrían durar ocho años en su cargo y renovarse por ocho años más, es decir, dieciséis años, y ¡esa sí es una manera de trabajar en forma independiente y descalzada! Quiere decir que los integrantes del Comité de Coordinación pueden estar ocho años más ocho años si son renovados, pero sobre la base de que el Directorio del Banco Central, de oficio, tiene la capacidad de avocar y de revocar todos los actos administrativos.

Como se puede apreciar, desde el punto de vista institucional esto genera preocupaciones que no nos podemos plantear en forma clara pero que van en la dirección de la metodología que utilizó el propio economista Banda sobre el tema de la instrumentación política.

Por otro lado, hay que tener presente el tema de la autonomía económica, Algunas cuestiones generan gran preocupación, lo que, incluso, fue mencionado por el propio economista Banda en su oportunidad. Ante todo, pensemos en el tema de las reservas. El artículo 9º a que hace referencia el artículo 5º del proyecto refiere al saldo remanente de las utilidades netas, y expresa que el mismo se acreditará a la cuenta Tesoro Nacional del Poder Ejecutivo, previa compensación de los créditos impagos que este último mantenga con el Banco. Téngase presente que la transferencia de utilidades al Poder Ejecutivo o a Rentas Generales, constituye un mecanismo a través del cual puede generarse financiamiento inflacionario. Asimismo, en su momento se hizo referencia a las compras para generar una mejora patrimonial, vía expansión monetaria, y a la transferencia al Gobierno, vía distribución de utilidades. Por nuestra parte, entendemos que si hay utilidades en el Banco Central del Uruguay, deberían destinarse a la acumulación de activos o a la disminución de su pasivo, quedando siempre dentro de la institución. No creemos que sea conveniente un mecanismo en el que puede filtrarse la posibilidad de que esas utilidades se inyecten dentro del mercado, generando así un elemento inflacionario, al ser instrumentos de crédito hacia el Poder Ejecutivo. Cabe resaltar que también esto fue mencionado, con mucha preocupación, por varios de los asesores que se hicieron presentes en Comisión.

Por otro lado, en el artículo 47 se habla del límite de tenencia de valores públicos. A este respecto, quienes no pudimos hacer un aporte a la modificación del articulado, queremos dejar en claro que el Banco Central del Uruguay no puede ser obligado a financiar al Gobierno Central, a empresas públicas ni a otros organismos también públicos, ya que se pondría en riesgo el cumplimiento del objetivo de estabilidad de precios. Esta es una cuestión muy importante, que está incluida en el articulado. A su vez, teniendo en cuenta lo establecido en otras disposiciones contenidas en el proyecto de ley, ciertamente podría generarse un efecto negativo.

Todos sabemos que actualmente existen los préstamos de emergencia, que el Banco Central puede otorgar a otra institución financiera que se encuentre en problemas. Ahora bien, esto debe hacerse bajo ciertas garantías requiriéndose, por un lado, la unanimidad del Directorio y, por otro, los adelantos de asistencia financiera, los cuales no requieren de unanimidad. Pero sucede que, ahora, esa segunda posibilidad desaparece, manteniéndose solamente los préstamos de última instancia, que exigen unanimidad del Directorio. Y como ahora el número de integrantes de este último se incrementa a cinco, imaginen lo que significa que para la asistencia mediante un préstamo de última instancia sea necesario contar con unanimidad: basta con un solo voto negativo para que la asistencia se pueda trabar. Y a esto se suma el hecho de que no podrá funcionar el segundo elemento, lo que sí ha ocurrido hasta ahora. En definitiva, este artículo determina que una institución financiera pueda caer por la voluntad de un solo Director, en un total de cinco. A nuestro juicio, si se mantiene el número de cinco Directores, deberían mantenerse los dos mecanismos, esto es, el de préstamo de emergencia y el de adelanto de asistencia financiera. Sin embargo, una vez más señalamos que este último ha sido eliminado, seguramente debido a la preocupación que se tiene por las perforaciones que a veces se producen en el sistema financiero, y al temor –que en ocasiones es atendible– de que esto pueda provocar situaciones desafortunadas como las que ya han tenido lugar en la plaza.

Estábamos haciendo referencia al aspecto financiero o económico. En este sentido, el economista Banda ha dicho que la autonomía económica implica, por un lado, considerar el criterio por el cual se fija el patrimonio, y que para ello hay varios sistemas: fijarlo como un porcentaje del patrimonio de los bancos; como un porcentaje de su propio pasivo, o con los mismos criterios que los bancos privados, es decir, en función de sus riesgos, ya que el Banco Central los tiene porque también puede tener créditos no cobrables y pérdidas por las reservas internacionales. Luego agregó que también la autonomía económica implica resolver cómo solventar las pérdidas.

Asimismo, el economista Banda opinó que el proyecto de ley mejora los aspectos relativos a la definición y distribución de utilidades pero que no hace mención a cómo y cuándo se va a aumentar el capital del Banco ni a cómo y cuándo se recapitaliza si la institución pierde. Esto determina, entre otras cosas, algunas reflexiones sobre los Bancos Centrales que han tenido resultados negativos –o no–, sobre lo cual se establece la afirmación de que bancos tan importantes y solventes como el propio Banco de Chile ha tenido este tipo de resultados. Y hay una pregunta que formuló el economista Banda – catedrático de Política Monetaria –, y que creemos es bueno trasladar ahora, sobre todo porque no pudimos discutir acerca del tema en Comisión: “¿Vale la pena cobrar impuestos a la gente o colocar deuda externa para aumentar el capital del Banco Central?” Él dejó planteada esta gran interrogante en lo que tiene que ver con la independencia instrumental en el ámbito económico.

A su vez, mucho se ha hablado sobre la independencia operativa. como tampoco pudimos aportar, estudiar en profundidad ni reflexionar sobre las opiniones brindadas por los asesores en dicho ámbito. Por eso ahora queremos transferir al Plenario las preocupaciones manifestadas por los asesores, a fin de que se pueda ver con total claridad de qué estamos hablando.

La independencia instrumental u operativa es para generar credibilidad, y aquí se habla de la ausencia de dominancia fiscal. Concretamente, se dice que el crédito del Banco Central debe hacerse bajo determinadas condiciones. En este sentido, el profesor señala que en este proyecto de ley no está claro cómo funciona el déficit parafiscal. Con respecto a este último, brinda una explicación que no voy a transmitir aquí porque es muy específica y está dirigida más bien a especialistas, pero de todas maneras se sabe muy bien qué condiciones tiene y de qué manera se puede identificar.

Todo esto significa que, en el ámbito de la autonomía o de la independencia instrumental, política, operativa y económica, esta iniciativa sufre de serias deficiencias, las que a su vez crean una serie de perplejidades que nos orientan a pronunciarnos en contra de la misma, entre otras cosas porque no tuvimos la posibilidad de conversar sobre este tema.

Además, hay otra persona pública o jurídica que se crea en este caso. Se trata de la COPAB, o sea, la Corporación para la Protección del Ahorro Bancario. En este proyecto de ley existe también una superposición de funciones entre la Superintendencia y la COPAB, que debería resolverse con una previsión que obligue a ambos organismos a compartir la información. Concretamente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 38, literal K), se duplica la evaluación de riesgos con la Superintendencia. Desde nuestro punto de vista, la regulación y evaluación de riesgos debería quedar a cargo de la Superintendencia, y la COPAB debería intervenir cuando los bancos estuvieran ya en dificultades. Sí puede ser conveniente que esta última participara en las evaluaciones de la Superintendencia, en lugar de hacerse evaluaciones independientes; esto, como mecanismo de alerta temprana.

Por nuestra parte, consideramos que la creación de esta persona pública no estatal tiene un elemento que será negativo en el funcionamiento del sistema financiero. Nos estamos refiriendo al Presupuesto. ¿Cómo se financia esta persona pública no estatal? El financiamiento del Presupuesto de la Corporación para la Protección del Ahorro Bancario, con cargo al Fondo de Garantía de Depósitos Bancarios, implica que las primas que los bancos pagan por constituir un fondo para proteger a los depositantes, se pueden utilizar para pagar los sueldos de la COPAB, sin que se establezca ningún límite. Obviamente, esto lleva al aumento de las primas del seguro de depósitos, transformándolo en un mecanismo caro en relación con los posibles beneficios del sistema. A esto cabe agregar que la crisis financiera determinará sobre el país una restricción del crédito –denominado “credit crunch”– para que cuando haya posibilidades de recuperarlo, ese crédito en materia de seguros tendrá un costo adicional porque las instituciones financieras serán las que pagarán los sueldos de la Corporación, como así lo establece el proyecto de ley, hecho que nos parece sin fundamento alguno. Cuando se crea una persona pública no estatal en estos casos, se trata de que –por lo menos en el ámbito de la supervisión o del auxilio de carácter financiero del ahorro bancario, más allá de que pueda discreparse–, sea el Estado con Rentas Generales el que disponga de esos fondos para esa creación, pero no de encarecer el crédito y el funcionamiento del sistema financiero.

Por otra parte, la Corporación de Protección del Ahorro Bancario establece un criterio injusto en el manejo de los negocios. En el literal A) del artículo correspondiente se crean dos categorías: los depositantes genuinos, que colocan el dinero en el Banco sin recibir nada a cambio, y aquellos depósitos que están prendados a favor de un crédito. Mientras estos últimos van a cobrar la totalidad de sus depósitos, los de aquellos que no están afectados a un crédito por razones, incluso, de limitación –o sea, estamos hablando de quienes, seguramente, tienen menos y de los ciudadanos cuya debilidad no está contemplada en este sistema; parecería que en este caso lo más importante es proteger al que tiene más–, van a prorrata de la quiebra, pero no perjudicado porque el anterior depositante, que tiene una garantía en un depósito de préstamo, va a cobrar la totalidad. Es decir que a ello cabe agregar la disminución de la prorrata de la quiebra por ese tratamiento injusto que realmente no podemos entender. Puede admitirse la compensación, pero una vez ajustado el valor de los créditos a la prorrata que corresponde en el concurso procesal.

Desde el punto de vista del Partido Nacional no justifica una modificación de la Carta Orgánica del Banco Central del Uruguay si no resuelve las situaciones más críticas que el Organismo debe enfrentar. Esta iniciativa es apenas un enfoque de carácter lateral, pero no va al fondo de los problemas. En realidad, somos partidarios de la creación de una nueva Carta Orgánica, que bien podría haberse diseñado y trabajado en conjunto, en lugar de este “impasse” de dos años y medio motivado por las discrepancias internas dentro de la propia fuerza política, que son entendibles pero que atentan, como tantas veces, contra la técnica legislativa y a la capacidad de entendimiento que necesitamos para legislar.

La crisis financiera de 2002 puso de manifiesto tres problemas graves: la insuficiencia de la regulación y de los controles, así como la falta de una delimitación de las responsabilidades operativas entre el Banco Central del Uruguay y el Poder Ejecutivo. La actual crisis financiera también evidencia la insuficiencia de la regulación y del control de los servicios financieros en el mundo, que permite que un problema local relativamente focalizado se haya convertido en un problema global para el cual aún hoy no se vislumbra una solución. Para el Uruguay la vulnerabilidad del sector financiero se agrava por la volatilidad de los activos financieros y parte de las reservas internacionales. Desde nuestro punto de vista, la autoridad monetaria debería tener las posibilidades instrumentales de intervenir en los flujos financieros en circunstancias que hagan probable una crisis o un perjuicio al sistema. La función de regulación y supervisión del sistema financiero es crítica y debería ser uno de los principales aspectos a resolver. También deberían serlo la calidad y la oportunidad de las tareas de inteligencia financiera, así como la capacidad y la velocidad de respuesta ante eventos imprevistos y el fortalecimiento de la coordinación y la unidad de acción de las distintas áreas de la administración vinculadas a las funciones y responsabilidades del Banco Central del Uruguay. El proyecto de ley no asegura estas mejoras, especialmente porque no elimina las posibilidades de interferencia política en las funciones propias del Organismo, que tuvo un altísimo costo en el país.

Por tales razones, desde nuestro punto de vista sería más prudente postergar la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central del Uruguay hasta tener claro cuáles serán los términos de funcionamiento del sistema financiero internacional, especialmente cuando el proyecto de ley no supone avances significativos sobre la legislación vigente. Lamentablemente, no pudimos participar en estos temas, por lo que dejamos sentada nuestra preocupación y expresamos que estos parches de carácter legislativo –producto de acuerdos internos del Partido de Gobierno– han afectado la posibilidad de un diálogo profundo y un acuerdo general como debiera un tema como este.


 
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