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Rocha,

Propuesta a Secundaria

03/06/2008

Montevideo, 3 de junio de 2008.



Sr. Presidente de la

Cámara de Representantes.

Alberto Perdomo

Presente.



De la mayor consideración:

Solicito a usted tenga a bien cursar la presente al Consejo Directivo Central con destino al Consejo de Educación Secundaria.



Sres. Miembros del Consejo de Educación Secundaria:



Los efectos políticos y sociales de los sucesos que caracterizaron el último tramo del siglo XX y los años que corren del presente siglo, ponen de relieve que la estabilidad de la democracia moderna no depende solamente de las garantías constitucionales, sino también de las cualidades y actitudes de los ciudadanos. Es así que, la recuperación del concepto de ciudadanía se asocia a la idea de justicia, de derechos individuales y a la noción de pertenencia a una comunidad particular.



EL advenimiento de la modernidad, cambió el status del individuo, quien pasará a ser reconocido por sí mismo. Por tanto, lo que interesa son las condiciones que hagan posible al hombre existir como un individuo, como una persona, como un actor o como un sujeto. En consecuencia, tan importantes como las protecciones civiles- inscriptas en el marco de un Estado de Derecho y que preservan la seguridad de los bienes y las personas- son las protecciones sociales que “cubren” los riesgos de la decadencia social de los individuos.



Se comprende entonces la relevancia que han adquirido las políticas sociales (especialmente las educativas) que asociadas a la noción de protección, hacen posible la construcción de “soportes de independencia”. Éstos - entendidos como conjunto de “recursos” y “capitales”- le permiten al individuo disponer de reservas, que pueden ser de naturaleza económica, cultural relacional, etc, sobre cuya base puede desarrollar estrategias individuales para su integración plena a la sociedad.

De la inscripción y reinscripción de los individuos en el seno de sistemas de organización colectiva, depende entonces la estabilidad de la convivencia democrática. De esta forma, si la ciudadanía es observada desde un plano en el cual por un lado están los derechos y atribuciones y por otro las obligaciones, el problema de la inclusión y exclusión se vuelve crucial. La violencia es una de las manifestaciones que caracteriza a las sociedades actuales, provocando el aumento de demandas de mayor seguridad y potenciando la desintegración social. La búsqueda de la cohesión social deviene entonces en una exigencia para la estabilidad de la democracia, y la protección social un imperativo para alcanzarla.



En el marco de estas consideraciones, se comprende entonces la función que cumple el sistema educativo, que a través de la transmisión del conocimiento, de la cultura y de la construcción de habilidades y competencias necesarias, es uno de los pilares centrales en la socialización de los individuos.

Obviamente, son múltiples las dimensiones en las que actúan las políticas educativas. También es obvio, que los efectos del proceso educativo se advierten en el largo plazo. Sin embargo, no es posible renunciar a la adopción de medidas de rápida respuesta, cuando se presenta un problema cuyos efectos desestabilizan el normal funcionamiento del sistema. Es responsabilidad ineludible de las autoridades abordarlo en su especificidad, procurando atenuar sus efectos, sin desmedro de otras acciones de más largo aliento.



Tal es el caso de los episodios de violencia que vienen sucediéndose en algunos centros de educación secundaria. Más allá que deba comprenderse la complejidad de las causas que están detrás de estos eventos, es necesario comprender que estos hechos no involucran a la totalidad del alumnado. Entonces si la modernización profundiza el proceso de fragmentación social, se requiere más que nunca de una integración compensatoria que haga posible la preservación de la institucionalidad y la afirmación de las reglas de convivencia.

Se trata sin dudas de contextos que requieren una intervención pedagógica y multidisciplinaria que vaya al corazón mismo de las situaciones conflictivas. Es con la finalidad de contribuir positivamente al abordaje de estas situaciones que proponemos las siguientes medidas, para ser aplicadas a los centros educativos de educación secundaria en los cuales han tenido lugar los referidos episodios de violencia:



1. Transformación de las horas docentes en cargos docentes radicados en el liceo. Esta es una medida que genera efectos positivos en el cumplimiento de los horarios y en el rendimiento docente, por cuanto evita el desgaste que significa la “itinerancia” característica de la docencia en secundaria. Adicionalmente, la permanencia del profesor en un mismo liceo, lo transforma un referente para los alumnos y le permite un mayor conocimiento del entorno en el que actúa.



2. La recuperación de la función original del “profesor adscripto”, ocupándose de la atención de los grupos en casos de inasistencia del titular. Con esta medida el alumno estará siempre bajo la guía de un docente y permanecerá en situación de aprendizaje, lo cual optimiza el tiempo pedagógico. Adicionalmente, se minimiza también la ocurrencia de situaciones de violencia, que habitualmente suceden en los espacios en que “falta un profesor”.



3. Aplicación de “apoyos profesionales específicos” para los alumnos con problemas de conducta. Estas intervenciones – en casos de restricciones locativas- podrán realizarse fuera del horario y del propio local. Habida cuenta, que en los hechos es un grupo restringido de educandos los que protagonizan las situaciones conflictivas, con esta estrategia se estarían proporcionando los “ soportes” que cada caso requiere.



Sin dudas la aplicación de estas medidas deberá ir acompañada de una mayor dotación de recursos para llevarlas a la práctica. Pero sin dudas también, nunca más oportuno que este momento para hacerlas efectivas. La situación de la economía permite “invertir” en el “capital social” de los más jóvenes, la sociedad está muy preocupada por estos fenómenos, los ciudadanos están haciendo un gran “esfuerzo contributivo” que permite impulsar las políticas sociales. Confiamos en la sensibilidad de las autoridades para recibir nuestro planteo.

Atentamente.





Mtro. José Carlos Cardoso

Representante Nacional por Rocha.


 
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