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Rocha,

Guardahilos de ANTEL

18/09/2007

SEÑOR CARDOSO (don José Carlos).- Señor Presidente: había solicitado una interrupción al señor Diputado preopinante para intercambiar ideas con él en función de algunos de los argumentos que expresó.



El Gobierno ha venido siendo un poco ambivalente. Al principio, una señora Diputada señaló que ya no hablaban más de la forma de ingreso, ni la cuestionaban, tratando de erradicar la cuestión y el problema en otro lado, más allá de la campaña de estigmatización que se ha hecho de los guardahílos. Ahora parece que no van a hablar, o por lo menos así lo dijo ella. Sin embargo, durante meses los guardahílos quedaron para la opinión pública como unos acomodados, arribistas y amiguistas. Dijeron de todo acerca de su forma de ingreso. Hoy me pareció que el Gobierno abandonaba esa tesis, pero el señor Diputado preopinante volvió con el tema de los contratos, diciendo que los Gobiernos anteriores habían hecho estos contratos -casi contratos basura- que generan juicios y traen problemas porque son en forma directa, sin prever los derechos de los trabajadores. Lo que yo quería preguntar al señor Diputado era ¿qué diferencia tienen los contratos de guardahílos que firmó la ingeniera María Simón con los anteriores? Tengo varios a la vista. Uno es del 14 de diciembre de 2005, por el que se autoriza la contratación del señor Sebastián Burgos como Agente Guardahílos. Otro es del 31 de mayo de 2006, por el que se autoriza la contratación del señor D"Arias González. Otro es del 11 de octubre de 2006, por el que se autoriza la contratación de otro guardahílos. Otro es del 8 de febrero de 2006, por el que se autoriza la contratación del señor Sergio Olivera como Agente Guardahílos Urbano de Santa Teresita. Otro es del 18 de julio de 2007, por el que se autoriza la contratación del señor Gonzalo Cabral como Agente Guardahílos en el departamento de Río Negro. Todos están firmados por la ingeniera María Simón. ¿Esto qué es? ¿No son también contratos? Es una pena que no esté presente el señor Diputado Bernini para poder analizarlos. Son contratos de ANTEL, hechos por esta Administración en forma directa, en las mismas condiciones que los guardahílos anteriores. ¿Qué fue lo que cambió? ¡Tengamos, por lo menos, un mínimo de coherencia! Esta forma de contratación de guardahílos de la presente Administración es igual a la anterior, con el mismo sistema. Entonces, hay que tener un grado mínimo de coherencia al hablar para sostener un debate porque, de lo contrario, es muy arduo discutir con seriedad un tema como este que es tan delicado y difícil.



Hoy escuchaba al señor Diputado Pozzi -con una larga experiencia sindical; debe haber participado muchas veces en este tipo de situaciones difíciles-, y me consta que tiene buena voluntad para tratar de avanzar en el tema. También me consta que la Administración en este caso ha demostrado un comportamiento absolutamente tozudo para no querer resolver este problema: "Es con estos guardahílos que no vamos a arreglar".



Soy maestro y no abogado; aquí hay varios abogados, algunos que trabajan en el campo laboral y tienen mucha experiencia. Se señala como uno de los problemas: "Lo que pasa es que no se puede desistir de los juicios porque hay que pagar a los abogados". Ahora bien, entre pagar los juicios y los abogados, ¿qué es más caro? ¿Qué vale más? ¿Dónde hay más dinero? ¿Qué es más caro para la Administración? Dicen los abogados -es lo que escucho- que ANTEL todavía tendrá que pagar, probablemente por costas y costos, algunos de esos juicios a los abogados intervinientes, ¡y no crean que se los van a sacar de encima y les pagarán solo a los guardahílos! Los juicios podrán terminar dictaminando que ANTEL deba pagar a los abogados.



SEÑOR CARDOSO (don José Carlos).- El señor Diputado Lacalle no tiene problemas en conceder interrupciones; es generoso.



Decía que a este sistema de resolver por la vía de los abogados, creo que habría que agregar elementos de realismo en la Administración.



Es verdad que los juicios empezaron en la Administración pasada y, en todo caso, ese argumento legitima la lucha de un grupo de trabajadores que, como ustedes mismos han dicho tanto tiempo que entraron por amiguismo, no tuvieron ningún empacho en decir a esa Administración que les había contratado: "Pues, yo quiero cuestionar el contrato que me hicieron". Y estuvieron bien en hacerlo, los iniciaron en la Administración pasada y no tuvieron atadura política ninguna. En todo caso, esto hasta legitima más el juicio.



¿Por qué no se quiere resolver el problema? Hoy el señor Diputado Lacalle Pou dijo que existe persecución política; es notorio que la hay. Además, puedo poner otro ejemplo de lo que sucede en la Administración Pública y en la administración paraestatal. Existe un organismo donde se gastó US$ 50.000 en despidos.



¿Saben por qué echaron a la gente? Por una decisión unilateral, sin ninguna explicación. Sumario, no hubo ninguno. Si quieren digo de qué organismo se trata. Son US$ 50.000. Casualmente, es gente parecida a la que está viviendo esta situación en ANTEL o provienen del mismo rumbo. Echaron, pagaron subsidios, echaron mano a la lata, esta vez para pagar subsidios, porque había en la lata. Sacaron a la gente sin ninguna razón. En este caso también hubo persecución política. Recuerdo que a uno de esos funcionarios le pagaron US$ 20.000 y lo echaron porque tenía un sueldo muy alto. Lo sustituyeron por uno -amigote de la Administración actual, por supuesto- que gana más que el que echaron; el que está ahora gana más que el que echaron antes.



Entiendo que la Administración en algunos casos decidió poner un poco de orden, pero en otros vinieron a pasar facturas, a cobrar cuentas. Y las cuentas las tenemos que cobrar entre políticos; eso es lo que hay que hacer. No hay que poner a la gente en el medio. Hay que sacar a trabajadores y funcionarios del medio; las cuentas las tienen que pasar a nosotros. Hay que pasar cuentas electorales. Cuando la Administración quiere atacar políticamente, nos tiene que atacar a nosotros, y no debe agarrar a un grupo de trabajadores del cuello y someterlos -como en este caso- a una larguísima dificultad, amenazando el trabajo de gente con familia, que ha vivido a salto de mata hace más de un año porque no sabe bien dónde trabajará en el futuro.



Creo que en este caso ha faltado voluntad política, no digo de todos los Diputados del Gobierno, porque es probable que alguno de ustedes haya tenido interés en resolver el problema, pero notoriamente en ANTEL -tengo los contratos; si quieren los puedo fotocopiar- se hizo lo mismo que en el pasado. Entonces, no "garganteen" con que cambiaron el criterio; hicieron lo mismo que en el pasado, y este problema no lo quieren resolver porque los estigmatizaron, porque al parecer los guardahílos era un grupo al que había que cazar políticamente. Creo que ahí se comete un grave error.


 
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