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Rocha,

Intervención en Sala - ENAJENACIONES REALIZADAS POR INTENDENCIAS

08/05/2018

El espíritu que anima la presentación del proyecto de ley a consideración del plenario, obedece a la necesidad de regularizar las viviendas construidas en Complejos Habitacionales en convenio con las intendencias.



Se estima que existen en todo el país, existen aproximadamente 200 Complejos Habitacionales, con 8.116 viviendas construidas en convenio entre Intendencias con Agencia Nacional de Vivienda y Banco Hipotecario del Uruguay. No se incluye en este cálculo el número de viviendas construidas en Convenio con el MVOTMA.



Tal como afirman los Señores Senadores proponentes en la Exposición de Motivos que acompaña al proyecto, se comparte plenamente los motivos que inspiraron la creación de la Ley 18. 719 en su artículo 596, facilitando el otorgamiento de escrituración definitiva a los beneficiarios de distintos planes de vivienda, prescindiéndose del control del certificado especial del BPS (previsto en la Ley 16.170, art.663), cuando el Organismo enajenante sea el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente , Agencia Nacional de Vivienda o Banco Hipotecario del Uruguay, respecto a las viviendas con permiso de construcción o cuya entrega se hubiera otorgado con anterioridad a la promulgación de la referida Ley



Aunque la ley, de alguna manera, subsanó esta situación, no contempla el caso de aquellos complejos que están en terrenos municipales,







Efectivamente, dicha norma deja afuera las viviendas sociales a las que accedió gran parte de la población, a través del MVOTMA, y el Banco Hipotecario del Uruguay o la Agencia Nacional de Vivienda, en convenio con las Intendencias Departamentales, quienes ante la demanda habitacional, llevaron a cabo diferentes planes de vivienda, en su gran mayoría sobre tierra municipal.



En la medida que se estudia el tema se advierte que el panorama es “variopinto”, habida cuenta de que hay razones de diversa índole por las cuales las personas no tienen regularizadas sus propiedades.



Por ejemplo, como se expresara en Comisión, en el caso de complejos de viviendas, sucede que al momento en que las personas terminan de pagar los créditos, y con el correr del tiempo, realizan alguna reforma que altere el plano original, esto se vuelve un obstáculo al momento de obtener el certificado especial previsto en la Ley 16.170 art 663.



Existen otras situaciones tales como, el caso de:

 La familias que construyeron en fraccionamientos que aún no han sido aprobados, por lo cual no pueden regularizar sus viviendas.

 La vivienda de las familias que se asentaron en tierras públicas

 Las que compraron su parcela de 1 hectárea o menos en zonas rurales, para las cuales rige el mínimo de 5 hectáreas, tampoco pueden regularizar sus viviendas.

Principio tienen las cosas, digo esto porque aunque este proyecto no contempla todos los casos señalados, su aprobación significa poner en igualdad de condiciones a un significativo número de viviendas construidas por convenio en terrenos municipales, al incluir a las intendencias dentro de lo dispuesto por la ley 18.719, lo que permite resolver y formalizar la situación de viviendas que mayormente están en el interior del país.



Está demás señalar los beneficios que derivan de la regularización de la propiedad, no sólo para las personas que pasarían a ser titulares de una propiedad, lo que les daría tranquilidad para su vida y, además, serviría como garantía frente a terceros por su valor patrimonial.



Esto también supone un beneficio en el caso de tener que hacer una sucesión por fallecimiento, ya que la persona dejará a sus hijos un bien y no un cúmulo de problemas.



Al mismo tiempo se beneficia la sociedad toda, ya que se incorpora al mercado de los bienes objeto de comercio a todas estas propiedades, por lo cual la posibilidad de regularización resulta fundamental.



Para el uruguayo, el “sueño de la vivienda propia” constituye no solamente una aspiración, sino también una posibilidad real de realizarlo efectivamente.



Así ha sido a través de los planes de vivienda con los que el Estado ha respondido y responde a su obligación de garantizar el derecho a la vivienda, como uno de los derechos básicos para poder realizar todos los demás.



Nos consta la preocupación de este Parlamento por el derecho a la vivienda, indicador de ello son los proyectos de ley presentados en ambas cámaras por legisladores de distintos partidos políticos. Esa es una buena señal que este parlamento da a la población.



En función de estas consideraciones, la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial de la Cámara de Senadores aconseja la aprobación del Proyecto de Ley sobre “Enajenaciones realzadas por Intendencias Departamentales en convenios con MVTOMA, BHU y ANV”





Senador José Carlos Cardoso

Miembro Informante


 
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