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Rocha,

Intervención en Sala - Impuesto a Primaria

22/07/2015

SEÑOR CARDOSO.- Pido la palabra.

SEÑOR CARDOSO.- Señor presidente: por razones de carácter político, no tuve la oportunidad de participar del debate de este impuesto en la Cámara de Representantes.

En realidad, más que introducirme en el fondo de la discusión que se está dando en este ámbito, quisiera dejar una constancia que me parece importante y necesaria porque me temo que vamos a volver a tener este debate. Hace exactamente 138 años que Uruguay viene discutiendo este tema; la primera discusión se dio en el Cabildo de Montevideo y el 24 de agosto de 1877 se aprobó una ley. Puede decirse que somos una rareza mundial.

He representado a Uruguay en el Parlatino, he ido a otros países a hablar y me han pedido que explique cómo es que los contribuyentes pagan un impuesto directo para financiar la escuela pública y el comedor escolar.

Desde 1877 a la fecha ha habido decenas de modificaciones; el comienzo fue muy tranquilo: pasaron 66 años para su primera modificación. Durante 66 años se le cobró un impuesto –redactado de manera espectacular y por ello les sugiero a los señores senadores que lean la ley original– a todos, hasta a los inquilinos; es decir, pagaban todos: los dueños de la tierra, de los hoteles, de los bancos. A partir de 1944 el impuesto tuvo sucesivas modificaciones en forma casi permanente, hasta que la dictadura lo derogó mediante una ley de 7 de noviembre de 1979. Luego, recuperada la democracia, durante el Gobierno del doctor Sanguinetti, se volvió a crear el impuesto, casi con las mismas características que el original.

Me interesaba realizar este relato porque venimos de una suerte de discusión en la que hay un pase de facturas, donde algunos quedamos como que no les queremos cobrar el impuesto a los ricos y otros, los buenos, son los que se lo quieren cobrar, y eso suena bien. Pero si uno mira la historia del impuesto y observa cómo se ha ido modificando y ajustando, ve que lo que ha habido es un gran acuerdo nacional en esta materia. Hubo acuerdo hasta en lo que mencionaba el senador Amorín, cuando en la reforma de 2007 –lo recuerdo porque lo debatimos mucho en la Cámara de Representantes y yo fui miembro informante en representación de la minoría– el entonces ministro de Economía y Finanzas eliminó todos los impuestos que eran rentas afectadas, menos unos, la «vaca sagrada», o sea, el impuesto de primaria. Hablamos de un impuesto que no tiene antecedentes en América Latina ni en el Caribe, y no sé si algún otro país del mundo tiene un impuesto que se cobra directamente y que pagan los propietarios para financiar la escuela pública. Además, esto tiene una ligazón muy importante y vigente, pues creo que políticamente es muy difícil que algunos países de América impongan un impuesto así, pero me consta que lo quieren hacer. ¿Por qué? Porque la alimentación escolar está en rezago y es uno de los grandes desafíos pendientes. Treinta millones de latinoamericanos no comen, siendo la mitad de ellos niños, y el gran instrumento para apuntar a ese problema es la escuela. Esa fue nuestra virtud; esa fue la virtud de la copa de leche de fines de siglo XIX, transformada luego en un comedor escolar y más adelante en una estructura de alimentación con nutricionistas y asistentes sociales, con partidas que llegaban a las escuelas por compra directa. Notemos que Brasil, bajo la presidencia de Lula, encontró una fórmula para dar dinero a las escuelas, porque la alimentación escolar en ese país siempre fue centralizada. El gran invento del gobierno de Lula fue que la escuela recibiera dinero para hacer las compras del comedor, algo que tiene el Uruguay desde hace cien años. Yo fui maestro y director de escuela rural y recibía una partida para alimentación, una para combustible –para hacer la comida– y otra para la limpieza del comedor. Ese es el histórico impuesto de primaria, que luego sufrió variantes y modificaciones.

En 1986, durante el gobierno del presidente Sanguinetti, el impuesto se puso en marcha pero nunca se cobró; fue aprobado por el Parlamento pero quedó dormido hasta que vino el gobierno del presidente Lacalle y comenzó a aplicarlo. Justamente yo presidí la comisión que instauró el impuesto, que se empezó a cobrar en un viejo local del Correo en la calle Bartolomé Mitre. Y ciertamente empezamos a cobrarlo con muchas complicaciones, creando para ello una unidad de recaudación. Salir a recaudar el impuesto representó una gran complicación para un organismo de educación; pero se hizo y se empezó a cobrar, con muchos problemas pero avanzando.

En el segundo gobierno del doctor Sanguinetti comenzaron otros problemas relativos a este tema –por eso digo que hace más de 130 años que lo estamos discutiendo y lo estaremos algunos más–, que tenían que ver con cambiar el destino al impuesto. Seguramente recordarán los señores senadores el fenomenal insuceso que representó el hecho de que el entonces Presidente de la ANEP dijera que los ricos no querían pagar el impuesto a primaria. Y el hecho de que se derivara el impuesto de primaria para pagar sueldos de maestros desencadenó un zafarrancho. Como no había dinero para aumentar los sueldos, se echó mano al impuesto a primaria, lo que afectó las partidas de alimentación y generó un gran quebranto.

Hoy estamos ante un escenario de vuelta a la base tributaria, es decir, en relación a quiénes son los que pagan; ese ha sido el eje de esta discusión, que es interesante, pero políticamente siempre hay riesgos. Originariamente, el impuesto lo pagaban absolutamente todas las personas que tenían una propiedad. Luego, por distintas modificaciones, eso dejó de ser así. Tengo la impresión –comparto esto con mis compañeros de bancada– de que el impuesto está mal redactado y que en no mucho tiempo lo estaremos discutiendo nuevamente. Sigue teniendo claroscuros, pues no puede ser que los más grandes continúen salvándose. Cuando discutimos el ICIR los forestales no lo pagaban y nos dimos el mismo debate que tenemos ahora. Sigue habiendo áreas preservadas, de personas que no pagan determinados impuestos porque el país les da determinadas prioridades, lo cual es muy irritante y se nota en la discusión.

Seguramente los legisladores del gobierno saben que este proyecto está muy mal redactado –es un testimonio notorio–, tanto en su artículo 1.º como en el 2.º, y ello es de muy mala técnica legislativa. Pero hay voluntad política y un compromiso electoral del gobierno en cuanto a volver a aplicar este impuesto al sector agropecuario, con las consecuencias que eso tiene. En este sentido, creo que tanto el senador Camy como el senador Delgado tienen razón en lo que han expresado.

Yo creo en este impuesto: considero que estas rentas afectadas deben mantenerse y que representan uno de los paradigmas históricos del Uruguay. Entiendo que este impuesto le ha hecho bien al Uruguay, a la alimentación escolar y a un sistema que nos ha preservado de problemas que todavía están por corregirse en el resto de América Latina y que nosotros tenemos resueltos. Como para nosotros esto es tan cotidiano, no nos damos cuenta.

Quiero finalizar mi intervención con una anécdota. Hace dos años estaba en Guatemala hablando con el ministro de educación de ese país sobre el problema del déficit nutricional de los niños, y le sugerí el tema de la alimentación escolar hablándole de nuestro impuesto. Él me decía que eso era inaplicable, que era algo imposible de llevar a cabo en un país como ese. Le expliqué que en Uruguay lo hacemos y lo cobramos, y la gente lo paga. Según el último informe de que dispongo, este impuesto recauda USD 57:000.000; es un tributo que la gente paga, pues se trata de uno de esos raros impuestos buenos que la ciudadanía siente como un aporte sustancial a un tema que, desde mi punto de vista, tiene una gran relevancia. Como dije al principio –creo que es bueno recordar los relatos históricos para saber de qué estamos discutiendo–, seguiremos debatiendo sobre este tema, porque si ya llevamos 138 años de discusión, sería una soberbia de mi parte pensar que en esta sesión se cierra el debate.


 
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