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Rocha,

Intervención en Salas - Creación Comisión Investigadora Ancap

05/08/2015

SEÑOR CARDOSO.- Señor Presidente: que Ancap, la empresa más grande del Uruguay, pierda plata de manera constante, no presente los balances en fecha y extravíe los expedientes claves de una transacción petrolera, y que no se consiga información suficiente es, por sí solo, extravagante. Bastaría esta enunciación para que el sistema político se ocupara de investigar qué ha pasado en esa empresa pública, que es administrada por funcionarios públicos con nombramientos políticos y que ha tenido un derrotero, en su gestión, con altibajos y hasta con comportamientos absolutamente extraños.

Que la empresa más grande del Uruguay tenga una política económica y financiera contraria a la que lleva adelante el Ministerio de Economía y Finanzas, reitero, es extraño, irregular e incoherente. Y este solo argumento debería ser suficiente para que el Parlamento nacional se detuviera a investigar cuáles fueron las acciones que se llevaron adelante en ese organismo y cuáles las decisiones que el Directorio adoptó.

No necesito mucho para recorrer el criterio que el Frente Amplio ha tenido respecto a las investigaciones parlamentarias. En el pasado reciente, posdictadura, el Parlamento uruguayo ha sido escenario de múltiples investigaciones. Llegamos a crear comisiones investigadoras para investigar cómo emitía el carné de salud el Ministerio de Salud Pública o ante la sospecha de que se pagaban horas extras en exceso; obviamente, eso ocupaba titulares en la prensa, y el Parlamento las votaba. Lo digo porque este debate ha estado precedido por una serie de declaraciones que buscan minimizar el rol parlamentario en materia de investigación. Hay quienes creen que cuando alguna de las Cámaras pone en marcha un proceso de investigación, lo que se está haciendo es un circo mediático, y nosotros comenzamos diciendo que eso es falso. Se produce el circo mediático cuando hay objetivos políticos menores, pero si se trata de alcanzar objetivos políticos superiores, como el de transparencia en la función pública o el conocimiento cabal y concienzudo de qué hacen los decisores políticos con los dineros del pueblo, las investigaciones parlamentarias son importantes.

La Constitución de la república le asignó al Parlamento el rol de legislar, pero, también, de investigar. Allí se establece la creación de comisiones parlamentarias de investigación, y en ningún caso dice que para eso debe haber un ilícito denunciado; bastaría con encontrar una dificultad notoria en acceder a la información y un comportamiento extravagante como el que ha tenido Ancap en los últimos diez años para solicitar la comisión investigadora. Y eso es lo que el Partido Nacional, a través del señor senador Delgado, ha hecho: presentar una denuncia fundada.

El objetivo de la sesión del Senado de día de hoy no es responder las acusaciones –respeto mucho el informe en mayoría, pero es equivocado–, sino analizar si la denuncia presentada tiene entidad, seriedad, origen y oportunidad. Esos son los cuatro puntos sobre los que el Senado tiene que expedirse, y no respecto a si la denuncia puede ser respondida en esta sesión. Ese no es el objetivo de la sesión. Y, desde nuestro punto de vista, la denuncia presentada por el señor senador Delgado tiene entidad, seriedad, origen y oportunidad.

¿Por qué tiene entidad? La denuncia tiene entidad porque, como primer argumento a contrastar, presenta los balances de la compañía. Ancap se ha transformado en un violador contumaz de los plazos porque, reiteradamente, no ha presentado los balances en fecha, y ese es un asunto digno de investigación parlamentaria. No quiero cansar a los señores senadores leyendo repartidos de prensa y exposiciones parlamentarias de senadores y diputados del Frente Amplio, que son sobreabundantes acerca de qué se necesita para investigar. ¡Por supuesto que no entregar los balances en fecha es motivo para hacer una investigación! ¡Y por supuesto que el hecho de que una empresa pública dé pérdidas es un motivo necesario y fundado para hacer una investigación!

Los principales indicadores presentados en la denuncia muestran un resultado acumulado negativo de los últimos cuatro años de más de USD 600:000.000. Esto es lo extravagante, señor presidente: que una compañía monopólica, la más grande del Uruguay, que factura USD 3.700:000.000, pierda plata. No estamos hablando de un negocio ruinoso; estamos hablando de un negocio brillante como es vender combustible. Es tan brillante que el Estado es socio a la hora de cobrar impuestos. Sin embargo, la compañía pierde dinero, y nosotros queremos saber por qué se tomaron esas decisiones; por qué la compañía desconoció los informes internacionales que le indicaban que podía corregir el rumbo. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por tozudez? ¿Por negligencia? ¿Por un plan estratégico? Esto es lo que queremos saber. Hasta ahora no lo sabemos.

Los documentos presentados agravan la situación respecto a la existencia de gastos excesivos, y me estoy refiriendo a la entidad de la denuncia. Gastar USD 10:500.000 en publicidad, para una empresa monopólica es, prima facie, un exceso. Nosotros nos preguntamos cuáles fueron las decisiones políticas y técnicas que llevaron al organismo a gastar ese volumen en publicidad. Las erogaciones en una feria o en eventos deportivos pueden ser poco significativas en el contexto de una compañía –como se ha tratado de explicar aquí–, pero no lo son para la opinión pública, para el pueblo, que tiene derecho a saber.

El aumento del número de funcionarios –además del personal tercerizado y las subsidiarias– ha sido muy significativo; el costo de personal del grupo Ancap ha pasado en una década de USD 43:000.000 a USD 183:000.000.

La inversión en el remolcador se analizó acá como una ayuda al plan estratégico para volver a tener fabricación nacional. ¡Vaya ayuda! Se fabricó un barco que costó USD 12:500.000 y que nunca anduvo. Se le cobrará una multa de USD 600.000 a la Armada por incumplir y haber fabricado un barco ruidoso en el que no se puede andar, pero es plata del pueblo que sale de la misma caja. Es patético; es casi ridículo tener que decirle a la opinión pública que Ancap, junto con la Armada, fabricó un barco que no funciona.

En cuanto a los incumplimientos contractuales, la empresa Cementos del Plata, subsidiaria de Ancap, realizó un importante gasto en la construcción de plantas de cal por un importe aproximado a los USD 100:000.000. A pesar de ello, no se han alcanzado los objetivos que pretendía Ancap sino que, por el contrario, se realizaron denuncias públicas por los atrasos en la culminación de obras, así como por el incumplimiento de Ancap de los contratos firmados por no entregar las cantidades comprometidas. Obviamente, no conocemos todos los detalles y eso es algo que una comisión investigadora sí puede hacer.

Hoy un periodista me preguntaba por qué no se hace una interpelación, por qué no se llama a sala a un ministro y se le preguntan todas estas cosas. La diferencia entre una comisión investigadora y una interpelación es muy grande. Una cosa es escuchar la respuesta de un jerarca y otra, muy distinta, investigar a un jerarca. Aquí no se está planteando investigar a un jerarca, sino investigar a un organismo. No queremos traer a un jerarca a la silla del acusado. Queremos conocer el funcionamiento y la toma de decisiones del organismo, qué resultados se obtuvieron, cuáles fueron los fundamentos, qué consultorías actuaron y cómo se adoptó la resolución. La comisión investigadora que estamos planteando es a Ancap y no a sus directores.

El convenio de Ancap y Petroecuador fue un asunto de gran enjundia por su tamaño, volumen y, quizás, hasta por su condición de acuerdo estratégico entre países, entre presidentes que, obviamente, conocían que sus dos empresas públicas se iban a atar en un acuerdo. Es un asunto que no nos queda claro. No vamos a ser tan lenguaraces –como lo han sido en el pasado– en anunciar que sospechamos de la operación. No lo decimos y no denunciamos ilicitudes. Sí decimos que queremos conocer los alcances; queremos saber si hubo intermediación.

En estos últimos tiempos se comenzó a hablar de los intermediarios en los negocios del Estado, de que cuando el negocio está en el exterior el Estado utiliza intermediarios que funcionan como comisionistas y cobran comisiones. ¿Hubo comisionistas en Ancap? ¿Hubo otras ganancias adicionales que no figuran en los balances? ¿Hubo intermediarios que ganaron mucho dinero? ¿Por qué sucedió eso? ¿Se puede conocer el contrato? ¿El contrato existe? ¿Se puede recuperar el expediente que figura como desaparecido en Ancap en el tránsito entre el despacho de un director y la oficina de jurídica? Eso es investigar; eso es conocer en detalle una operación antes de hacer una acusación.

La planta de bioetanol y sus derivados, en Paysandú, es también para nosotros un asunto que se debe investigar. Es un episodio complicado el hecho de que un empresario denuncie al presidente de un ente autónomo y que ello termine en la Justicia debido –nada más y nada menos– a la palabra «sobreprecios». La palabra «sobreprecios» suena fea, pero es lo que está sucediendo en la región. En Petrobras de Brasil estamos viendo que se paga sobreprecios. Reitero que suena feo; por lo tanto hay que aclararlo. Y las investigaciones permiten aclarar esas cosas. ¿Cuánto cuesta la planta de bioetanol? A esta altura, nadie lo sabe. La gente tiene derecho a saber y el Parlamento es el instrumento para que la gente lo sepa. Este es el canal adecuado de comunicación; este es el canal legítimo de representación de los ciudadanos que permite conocer en profundidad un detalle, esclarecerlo, ponerlo sobre la mesa y, por lo tanto, informarlo a la opinión pública.

El sistema político uruguayo acompañó el proceso de iniciación de Alur –empresa subsidiaria de Ancap de la que esta es propietaria y que si bien en un principio pareció ser su hija pródiga, hoy no sabemos si lo es– como un avance estratégico en materia de generación de alcoholes. El hecho de querer investigar no significa que contrariemos esa política. Podemos seguir estando de acuerdo con que Alur sea un plan estratégico de Ancap, pero queremos saber cómo se mueve el dinero entre Ancap y su compañía subsidiaria: cómo se paga, cómo se cobra y cuáles son los valores de intercambio. Eso debe ser investigado. No alcanza con una declaración, un comentario o un informe en una comisión del Parlamento. Se necesita una investigación seria, profunda, que consulte a técnicos especializados que saben del tema y que informen al Parlamento para que este tome una posición.

La segunda condición que la ley le pide al denunciante es que sea serio en su denuncia, y nosotros creemos que la denuncia ha sido seria y medida. No ha habido excesos en el lenguaje de comunicación pública a pesar de que hemos recibido una andanada de adjetivos. Repito que la denuncia ha sido seria y medida, y no ha ofendido en nada a quienes integraban el organismo, porque respetamos nuestra tarea, respetamos al Parlamento y nos respetamos a nosotros mismos. No acusamos de la nada. Hemos pedido información. Queremos investigar, queremos ingresar a la jurídica de Ancap y conocer sus expedientes, y queremos investigar con seriedad y profundidad.

El tercer componente es la oportunidad. Nosotros creemos que es oportuno investigar, porque el Parlamento uruguayo recobra en esta jornada uno de sus roles abandonado durante los últimos diez años. El Parlamento va a investigar a una empresa que fue administrada en solitario por el Frente Amplio durante cinco años y en forma compartida durante los otros cinco.

Investigar no quiere decir acusar. Vivimos en una república; no hay nadie que esté lejos del alcance de la mano del pueblo. En Uruguay no hay nadie que esté fuera del alcance de una investigación. Como réplica, se nos ha dicho que quienes fueron presidentes de Ancap son figuras políticas de renombre. Eso no es nada nuevo. De los cargos de la Administración pública normalmente se salta a otras posiciones políticas relevantes, cosa que no criticamos. El hecho de que el presidente de un ente autónomo tenga una carrera política destacada, en todo caso, habla bien de la función que ha ejercido, y si tropieza en su carrera política quizás sea por la mala función ejercida. Está bien que sepamos si es un buen o mal administrador. El actual presidente de la república, doctor Tabaré Vázquez, estuvo sometido a una investigación parlamentaria durante tres años. Fue presidente de la república y fue reelecto; es decir que se puede salir limpio y de pie de una comisión investigadora, siempre y cuando las cosas se hayan hecho bien. En todo caso, fortalece al dirigente político que habiendo estado al frente de un organismo público es capaz de pasar por una investigación sobre sus actos, su comportamiento y sus decisiones.

Una comisión investigadora puede encontrar delitos, pero no nos corresponde juzgarlos. Si los encontramos, se derivarán a la Justicia que es la que, competentemente, deberá analizarlos. Pero no podemos renunciar –razón por la cual es oportuno– a la capacidad de investigar. No podemos tener al Parlamento de rodillas respecto a uno de sus roles fundamentales, que es investigar la función pública. Y esta es una buena oportunidad de hacerlo. No se trata de una concesión graciosa de la mayoría; no se trata de decir: led vamos a dar a estos quejosos una comisión investigadora. Es el rol parlamentario previsto en la Constitución de la república, y nosotros nos apoyamos en ella para reclamar una comisión investigadora y no en la bondad de la mayoría parlamentaria, ni siquiera en la tolerancia, que es el término que usamos para decir que soportamos a los demás. No precisamos tolerancia; precisamos el cumplimiento de la norma. La Constitución y la ley nos amparan y lo que estamos pidiendo es un marco constitucional. Ser transparentes le hace bien a la república, le hace bien al Parlamento, le hace bien a quienes ocuparon cargos en los organismos que investigaremos y le hace bien al sistema político.

Las comisiones investigadoras no tienen por qué ser un circo. Esperemos que quienes tengan la mayoría parlamentaria en la comisión sepan ejercerla, lo que significa no aplicar chicanas, no impedir la investigación y no cerrar el paso al trabajo de la investigadora. Si eso acontece, tendremos una comisión investigadora que permitirá esclarecer los negocios de este organismo –el más grande del Estado uruguayo y el más importante económicamente hablando– que, como dice el miembro informante en mayoría, ha estado sometido a un asunto mediático, o sea que está siendo escudriñado por la opinión pública. La gente ve que algo está pasando en este organismo monopólico que está perdiendo tanta plata. Está haciendo malos negocios, o se equivocó, o contrarió la política económica del país, o no supo manejar adecuadamente la toma de decisiones. No lo sabemos. Es lo que queremos saber.

Hoy el Parlamento uruguayo dará un paso muy importante al acompañar esta comisión investigadora que, además, queremos sea lo más amplia posible, donde estén todos los partidos políticos con representación parlamentaria. Ese es el mejor ejercicio de la actividad parlamentaria: que todos tengan voz en la comisión y que todos los partidos aquí representados puedan integrarla.

Se nos ha repartido una moción presentada por la bancada oficialista que analizaremos más adelante, pero advierto que se ha cometido un error de procedimiento o ha habido una lectura incorrecta de la Ley n.º 16698, porque la resolución no propone la creación de una comisión investigadora, sino de una comisión para suministrar datos con fines legislativos, que no es el punto en debate ni lo que todos los partidos políticos –incluso el de Gobierno– hemos dicho en estos días a la opinión pública en cuanto a la disposición para crear una comisión investigadora.

La comisión investigadora está prevista en el literal C) del artículo 2.º de la Ley n.º 16698; en el artículo 6.º dice cuáles son sus funciones y cómo debe ser designada, pero el artículo 7.º refiere a otro tipo de investigaciones. Esperemos que en el debate, cuando llegue el momento de considerar la moción presentada por el Frente Amplio, pueda corregirse ese error.

Era cuanto quería manifestar, señor Presidente.

SEÑOR CARDOSO.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR CARDOSO.- Señor presidente: quiero hacer dos comentarios con respecto a la intervención del señor senador Michelini.

Efectivamente, el señor senador reiteró lo que yo dije: para que esto no sea un circo la investigación tiene que ser seria, debe estar bien organizada y tener una planificación adecuada que permita a quienes integren la comisión investigadora avanzar como se debe.

En lo personal, he integrado más de una comisión investigadora, y quienes lo hemos hecho alguna vez sabemos que si ella tiene un plan de trabajo y los integrantes que investigan tienen posibilidades de hacer las convocatorias que corresponden, entonces, todo sucede dentro de la comisión. Lo mediático ocurre cuando eso no acontece en la comisión, así como cuando se asumen posiciones antes de la investigación o cuando se presumen determinadas conductas de los investigados antes del proceso de investigación.

Escribir un libro sobre una comisión investigadora, ¿es un circo o no? En caso de integrar la comisión investigadora, podría empezar a tomar apuntes. Digo esto porque la anterior investigación de Ancap en este Cuerpo terminó en un libro que fue presentado públicamente. Por supuesto que podríamos tener diferentes opiniones sobre este tema. Recuerdo que yo también escribí un libro sobre una actividad parlamentaria de la que fui protagonista, pero no de una comisión investigadora.

Ante el anuncio de la formación de una comisión investigadora, un señor senador dijo que aquí no solo perdió el país sino que alguien se benefició por ello; entonces, que comience un proceso de investigación. En mi intervención no fui tan lejos y sin investigar nunca hubiese dicho eso. Sin embargo, así lo manifestó un señor senador del Frente Amplio, hablando de una investigación.

Señor presidente: creo que la posibilidad cierta de que el Parlamento, además de recobrar su rol investigador –que, es verdad, siempre está en manos de la mayoría pero hace bien que las minorías tengan la capacidad de ejercerlo a través de las investigaciones–, lo cumpla a satisfacción, en buena parte, es responsabilidad de la mayoría, así como el hecho de facilitar las cosas para que esa comisión funcione.

Con respecto a los plazos de la investigación, quiero decir lo siguiente. Me parece que el tiempo propuesto en la moción –cuatro meses para investigar quince años, sin perder de vista que ya empezó el mes de agosto y estaríamos culminando el 31 de diciembre– es muy exiguo; incluso, podría ser visto como una forma de interponer un problema. Seguramente es muy poco tiempo para profundizar en una investigación. Quizá podemos llegar a un acuerdo –así como está avanzando en uno el señor senador Michelini– para trabajar en verano. Propongo trabajar en enero y en febrero y presentar el informe el 1.º de marzo. En esos meses no hay actividad parlamentaria, no se reúnen las comisiones, el país está en receso y todos nosotros podríamos trabajar a tiempo completo. De esta forma, dispondríamos de dos meses más y, desde mi punto de vista, sería un plazo prudencial; en lugar de disponer de ciento veinte días para investigar, tendríamos ciento ochenta días.

Muchas gracias.

SEÑOR CARDOSO.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR CARDOSO.- Señor presidente: está claro que hemos llegado a este punto porque el Frente Amplio ha retirado una moción que no compartíamos y que fue largamente discutida, y la ha sustituido por otra, de la que no compartimos algunos aspectos. Concretamente, no estamos de acuerdo con la frase en la que se establece «sin que exista presunción alguna», como fue explicado por el señor senador Lacalle Pou, porque nosotros partimos de una presunción, y además creemos que la comisión investigadora debe estar integrada por nueve miembros. Quiere decir que la enmienda que el Frente Amplio realizó, por la cual corrige su propuesta inicial, no nos satisface.

Por lo tanto, el Partido Nacional va a votar la moción que ha presentado.

Muchas gracias


 
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