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Rocha,

Proyecto de Ley - Control antidoping cargos políticos y de particular confianza

03/07/2013

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS



El problema de las drogas es un fenómeno mundial con amplias repercusiones a nivel nacional en los derechos humanos e integración social, el bienestar de las personas, la salud y la seguridad pública. Es un fenómeno social complejo y dinámico, fuertemente anclado en factores económicos, políticos y culturales que impacta en todos los estratos sociales.



Este problema Uruguay lo enfrenta con una paradójica situación habida cuenta, que si bien el consumo de drogas no está prohibido, está penada su comercialización. Esto ha llevado al surgimiento de un mercado ilegal de distribución de drogas, que en función de esta contradicción hemos puesto en manos del narcotráfico. Como consecuencia, crímenes, sobornos, corrupción, delito organizado sacuden la vida de nuestra sociedad. El enorme impacto social negativo que las actividades de las bandas de narcotraficantes están provocando - sobre todo entre el sector más joven de nuestra población- nos obligan a redoblar esfuerzos para combatir este flagelo

Este proyecto se viene a sumar a la Estrategia Nacional para el abordaje del problema de las drogas. En este marco, las políticas públicas están orientadas a abordar el fenómeno de las drogas desde un enfoque integral que requiere dar cuenta del control de la oferta y el control de la distribución de sustancias legales e ilegales, de la reducción de la demanda de sustancias sobre la base de estrategias preventivo–educativas, de atención y tratamiento e inserción social de las personas con Usos Problemáticos y del Lavado de Activos que implica la implementación de políticas preventivas, legislativas y represivas del conjunto de fenómenos de infracción y transgresión de las normas relacionadas con la financiación, producción y tráfico de sustancias ilegales y aspectos asociados.



Para enfrentar el control del tráfico ilícito y el lavado de activos, es imprescindible que quienes integren instancias de decisión de políticas o tengan la posibilidad de incidir en ellas, o quienes participan en la ejecución de políticas vinculadas con el narcotráfico, con responsabilidades administrativas, relevantes en el campo político o judicial, tengan la libertad de enfrentar su combate sin ningún tipo de condicionamiento.



Obviamente, si la comercialización está prohibida, quien consume drogas ilegales, necesariamente tendrá alguna forma de contacto con el mercado del narcotráfico, porque hay que comprar y por alguna vía- por más débil que sea- se producirá el contacto. Muchas veces esto genera condicionamientos, que incluso en el Uruguay no lo hemos visto con mucha atención o con mucha claridad, pero se han dado casos de funcionarios que cumplen funciones muy importantes, vinculados a la droga o incluso atrapados por consumo. Si queremos dar una lucha frontal y abierta la tenemos que dar en todos los campos y partir del supuesto de que la relevancia de la función no exime a nadie a estar expuesto al consumo de drogas



En consecuencia, el proyecto no pretende incursionar en la evaluación de cuánto incide el consumo de drogas en la eficiencia de la tarea de los funcionarios. De lo que se trata es de tomar las medidas necesarias para minimizar sesgos en las decisiones que involucran al narcotráfico.



Aunque la Estrategia Nacional no comparte los enfoques prohibicionistas, y considerando que podría argumentarse que el control al consumo de drogas violaría los derechos individuales, fundamos esta iniciativa en el alto nivel de responsabilidad política que tienen quienes integran el Parlamento, el Poder Judicial o el Poder Ejecutivo, lo que les obliga a ponerse al frente de este combate y a responder públicamente ofreciendo las máximas garantías de transparencia, lo que constituye uno de los pilares éticos y políticos centrales de la acción pública.



En esa línea el presente proyecto, no pretende menoscabar el derecho a la privacidad y ni a la intimidad individual, ya se ha legislado en otro orden, como es el caso de la obligación de declarar el patrimonio personal de quienes tienen cargos de responsabilidad pública, sin que ello haya provocado afectación alguna. Lo que busca este proyecto es contribuir al fortalecimiento de las instituciones implicadas, con la finalidad de generar transparencia y credibilidad en el sistema político y judicial y de dar a la ciudadanía testimonio del máximo compromiso de sus autoridades con el combate a este flagelo que azota nuestra sociedad. Estamos convencidos de que esta es una medida pertinente y ejemplar dada la responsabilidad de sus funciones.





José Carlos Cardoso

Representante Nacional por Rocha









PROYECTO DE LEY



Artículo 1º.

A partir de la presente ley será obligatorio que los miembros del Poder Legislativo con cargos de representación política , los funcionarios con cargos de responsabilidad política y de particular confianza de los Incisos 02- al 15, los Magistrados y miembros de Fiscalía de Gobierno con competencia en materia penal y de combate al crimen organizado, se sometan a un control anual y sin previo aviso, con la finalidad de detectar la eventual presencia y concentración en su organismo de sustancias cuya comercialización está prohibida por la ley.





Artículo 2º. Corresponde al Ministerio de Salud Pública determinar el laboratorio especializado que tendrá a su cargo la obtención de las muestras necesarias para la realización de los análisis.



Los funcionarios que efectúen dichas operaciones procederán a la toma de las muestras para la realización de exámenes de orina, u otros análisis clínicos que estimen conveniente, aplicándose para la recolección o extracción las técnicas y el protocolo que dé las debidas garantías a quienes se aplica el control.



Artículo 3º. La selección de los funcionarios a ser sometidos al control se hará por sorteo, frente al personal jerárquico de la institución a la cual pertenecen y de un delegado en representación de los funcionarios implicados.



Artículo 4º. Todo funcionario al que corresponda tomarle muestras deberá estar a disposición del médico actuante desde el momento en que éste le dé aviso por medio de la institución a la que pertenece. Si no se hiciere presente se dejará constancia de su inasistencia en el formulario de toma de muestras, cuyo duplicado deberá entregarse a la institución a la que pertenece el funcionario.





Artículo 5º. Se establecerá un sistema de identificación de muestras denominado "FORMULARIO DE TOMA DE MUESTRAS" que se irá redactando en papel membretado del Ministerio de Salud Pública, durante la toma de muestras. En él constará: el nombre, nacionalidad y número de documento de identidad de los funcionarios a quienes se tomen muestras; los códigos de las primeras y segundas muestras impresos en las etiquetas adheridas a los recipientes que contienen las muestras de cada funcionario, el nombre y la firma del médico del Laboratorio que actúe y del médico y/o representante de la institución a la pertenece el funcionario, toda aclaración que el médico actuante considere conveniente efectuar allí, como asimismo, las manifestaciones que al respecto efectúe el propio funcionario sometido a control.



Artículo 6º. El manejo, acondicionamiento y examen de las muestras obtenidas se ajustará a las directivas y procedimientos que establezca la autoridad competente.



Artículo 7º. Una vez concluido el examen de las muestras, la Dirección del Laboratorio o quien haga sus veces informarán por escrito el resultado el análisis al Director del Departamento Médico del Ministerio de Salud Pública, quien lo elevará sin más trámite al Ministro y este a su vez a los jerarcas de la institución a la cual pertenece el funcionario sometido a control.



Dicho informe deberá necesariamente referirse, en sus conclusiones, a algunos de estos dos resultados posibles;



a) NORMAL: Cuando no se haya encontrado en las muestras analizadas ninguna de las sustancias cuya comercialización está prohibida.





b) ADVERSO Cuando se haya encontrado en las muestras alguna de las sustancias cuya comercialización esté prohibida o que se demuestre por métodos físicos y o químicos que la muestra no corresponda al fluido orgánico elegido. En caso de referirse a una sustancia el informe mencionará la naturaleza de la misma.



Artículo 8º. SUSTANCIAS PROHIBIDAS: Todas aquellas cuya comercialización esté prohibida por la ley.





Artículo 9º. La institución a la cual pertenecen los funcionarios sometidos a control dará difusión pública a través de su página web, de los resultados y de la nómina de funcionarios citados que no concurrieron al control.















José Carlos Cardoso

Representante Nacional por Rocha


 
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