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Rocha,

Preguntas formuladas por el Dip. Cardoso a autoridades del Bco. Central y del MEF, en la Comisión Especial de Lavado de Activos - Versión Taquigráfica de la reunión

14/06/2013

Introducción: Uruguay ha buscado protegerse de todos los mecanismos de lavado de activos. Conocemos la situación, más allá de que se puedan abrir nuevos frentes, y sabemos que no estamos impermeabilizados a los problemas, como decía el Director Nacional de Aduanas. Sí nos hemos ido preparando, sí hemos ido corrigiendo la materia legal. Pero no obstante, es bueno revisar cuál es el campo de ejecución de las normas porque tenerlas no significa estar protegidos, si la aplicación de las mismas no se hace de manera estricta y no se revisan qué nuevos procedimientos pueden estar alterando la aplicación estricta de una normativa como la nuestra, moderna y actualizada, quizá la mejor de la región.

Por tanto, esta convocatoria que propusimos, no es de estilo acusatorio, sino que creemos que una manera activa, positiva, de analizar estos hechos es hablando con los representantes del Poder Ejecutivo, que tienen responsabilidades directas en la aplicación de las normas.

Preguntas para el Banco Central

La Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central (UIAF) especificó en su Memoria 2012 que ese año recibió 237 Reportes de Operaciones Sospechosas

Según ha trascendido, se admite que sigue siendo escasa la participación de los sujetos obligados no financieros en el total de reportes recibidos. Se afirma, que a efectos de revertir esta situación y lograr un adecuado cumplimiento de la obligación de reporte, se deberán continuar desarrollando tareas de capacitación y difusión de la normativa.

También se admite que el sector inmobiliario es el “más sensible” al lavado de activos. El propio Informe reconoce que los casos del lavado de dinero publicitados están relacionados y/ o involucran al sector inmobiliario

1- Teniendo en cuenta esta percepción tan clara, considerando que el combate al lavado de activos es una Política de Estado apoyada por todos los sectores políticos y contando con que las Asociaciones de Escribanos pueden colaborar en la tarea, ¿podrían explicarse las razones por las que se ha demorado tanto en implementar medidas de control eficaces al sector inmobiliario?



2- Contamos con que entre el Banco Central, el Ministerio de Economía y Finanzas y la Secretaría Nacional de Antilavado de Activos hay una estrecha colaboración- entonces- ante la preocupación de dicha secretaría por el altísimo porcentaje de lavado de activos a través de transacciones inmobiliarias que arrojaron las investigaciones llevadas a cabo por ésta, ¿qué medidas concretas se dispusieron para investigar las ya realizadas y para prevenir las futuras?



¿Existe un protocolo al cual deben sujetarse los operadores inmobiliarios para especificar el registro de las operaciones de compra-venta y/o alquileres?

En caso afirmativo, especificar en qué consiste, quién lo controla y qué resultados se han constatado en los últimos cinco años?

En caso negativo, y considerando la sensibilidad del sector, explicar los motivos las razones por las cuáles aún no se ha implementado





3- Específicamente, cuáles son los hallazgos de la investigación impulsada por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central relacionada con la compra de la chacra El Entrevero, en José Ignacio?



4- Expertos han señalado la posibilidad de que la sobrefacturación en hotelería y en la industria de la construcción pueda servir para operaciones de lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas. Cuáles son los controles específicos que se realizan en el país para prevenir estos hechos? Se han detectado casos sospechosos en estos ámbitos? En caso afirmativo, cómo se ha procedido y qué resultado han tenido las investigaciones realizadas?



5- Respecto a las siguientes empresas que figuran en la denuncia presentada en la justicia uruguaya : RELOWAY COMPANY SA, BADIAL SOCIEDAD ANONIMA (CUIT: 33-67371897-9), TEEGAN INCORPORATED, SGI ARGENTINA SA (CUIT N 30709987611); AUSTRAL CONSTRUCCIONES S.A (CUIT 30-70837272-9), SGI BURSATIL SOCIEDAD DE BOLSA SA (CUIT 30-71125956-9); ATC ARGENTINE TRUST COMPANY SA (CUIT 30-71043917-2); VANQUISH CAPITAL GROUP SA (CUIT 30-71118599-9) , SGI INVERSIONES Y PARTICIPACIONES SA, ORGANIZACIÓN DE ASESORAMIENTO Y CONSULTORA INTERNACIONAL S.A. (CUIT 30-70544170-3) , ASESORES EMPRESARIOS CORP. S.A. (CUIT 30-69769056-1) Y DALMARAN S.A, puede informarse :

a) Si cumplen con los requisitos para operar en el mercado nacional

b) Qué controles se realizaron sobre su operativa y con qué resultados.

Preguntas al Ministerio de Economía y Finanzas



6- En el 2006 el MEF encomendó a la Auditoría Interna de la Nación la supervisión del cumplimiento de las normas de prevención de los delitos de lavado de activos, ante el reconocimiento por parte del director de esta dependencia de que la tarea le excede, ¿el Ministerio comparte esta percepción? En caso afirmativo, ¿a qué obedecen estas circunstancias? , y ¿qué se ha hecho para superar las limitaciones?



7- La Dirección Nacional de Aduanas ¿controla los equipajes que ingresan en los vuelos de aviones privados que llegan al Aeropuerto de Carrasco y al de Punta del Este?





a) En caso afirmativo, explicar si al MEF, le consta el ingreso de cantidades de dinero muy superiores a las autorizadas por la normativa vigente.

b) En caso negativo, explicar en qué entidad recae esa responsabilidad y qué controles se efectúan para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.

c) Se está cumpliendo en la Aduana con la exigencia de declaración obligatoria de ingreso de toda suma superior a 10.000 dólares? Si es así, cuántas declaraciones se han registrado en el último año? Dónde están archivadas? Quién hace el control o seguimiento de las mismas? Y si no se está cumpliendo con esa declaración, ¿cuáles son los motivos por los cuales se abandonó esa práctica y desde cuándo?



d) ¿Está informatizado el sistema de la declaración obligatoria del ingreso de sumas superiores a los 10.000 dólares? Si no es así, ¿hay planes concretos para implementarlo?



8- Cuáles son los controles que se aplican para el movimiento de personas y sus pertenencias en los puertos deportivos del país?



9- Cuántos funcionarios de Migraciones, Aduana, Prefectura y Dirección Nacional de Hidrografía están afectados a dichas tareas? En qué horarios se cumplen las mismas?





10- Es de suponer que el MEF coordina también acciones con la Fuerza Aérea, en ese sentido y considerando que en el año 2009 se incorporaron a la Fuerza Aérea radares Lanza 3D suministrados por la empresa española Indra, puede informar ¿cuál fue el monto total de esa compra? ¿dónde se instalaron dichos radares?

11- La eliminación de las SAFI ha sido señalada como un gran avance en la lucha contra el lavado de activos. Sin embargo, sociedades uruguayas con activos en el exterior tampoco pagan impuestos, lo cual demuestra que el régimen común sigue siendo favorable para extranjeros. Explique, entonces, en qué consiste el progreso alcanzado con la eliminación de las SAFI, si en los hechos los extranjeros pueden seguir utilizando sociedades uruguayas y beneficiarse de un tratamiento tributario favorable para sus activos en el exterior.

12- Finalmente, nos interesa conocer cuál es el flujo de información con los organismos oficiales argentinos, habida cuenta de que se habló en los medios de prensa de expedientes en organismos argentinos que involucran a Uruguay. Entonces es necesario saber si nuestro país tiene acceso a esos expedientes, si está dentro del intercambio de información que el país tiene con la República Argentina.





José Carlos Cardoso.

Representante Nacional.





VERSION TAQUIGRAFICA





COMISIÓN ESPECIAL CON FINES LEGISLATIVOS VINCULADOS AL LAVADO DE ACTIVOS Y CRIMEN ORGANIZADO.

(Sesión del día 13 de junio de 2013)

(Ingresa a Sala autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas y del Banco Central del Uruguay)

SEÑOR PRESIDENTE (Mujica).- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 14 y 40)

——La Comisión Especial con Fines Legislativos Vinculados al Lavado de Activos y Crimen Organizado tiene el honor de recibir a una delegación del Ministerio de Economía y Finanzas, integrada por el señor Ministro de Economía y Finanzas, economista Fernando Lorenzo, el Subsecretario, economista Alejandro Antonelli, el asesor, doctor Ricardo Pérez Blanco, el escribano Gabriel Papa y el señor José Ibarburu; por el Banco Central del Uruguay, el Vicepresidente, Jorge Gamarra, el gerente general de la Unidad de Información y Análisis Financiero, contador Daniel Espinosa.

Como dice la nota, motivó esta invitación las inquietudes que surgieron en la Comisión respecto a denuncias que aparecieron en la prensa argentina e investigaciones iniciadas en Uruguay. Entonces, por un lado, la Comisión quiere tener opiniones de primera mano sobre toda esta situación y, por otro, consideraciones generales acerca del estado del país y de los controles frente a la práctica del lavado de activos.

Además, como parte de esas inquietudes, queremos informar que la Comisión acaba de recibir un proyecto de ley presentado por el señor Diputado Abdala, que comenzaremos a tratar próximamente, sobre el que, más adelante, vamos a pedir opinión a todos ustedes.

SEÑOR CARDOSO (don José Carlos).- Antes que nada damos la bienvenida a esta Comisión a las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas y del Banco Central del Uruguay.

Somos los patrocinadores de esta convocatoria, y podrá advertirse en la versión taquigráfica de la sesión anterior de la Comisión que se votó por unanimidad esta posibilidad de analizar con los invitados del día de hoy algunos aspectos vinculados al lavado de activos, que es el objetivo de esta Comisión Especial que la Cámara de Diputados ha creado.

Si se me permite, voy a ordenar el trámite de esta reunión, de acuerdo a mi objetivo, en función de algunas preguntas, destinadas concretamente al Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Central del Uruguay. También hemos previsto algunas preguntas para el Ministerio de Defensa Nacional, pero se hará en otra oportunidad.

Uruguay ha buscado protegerse de todos los mecanismos de lavado de activos. En este ámbito conocemos la situación, más allá de que se puedan abrir nuevos frentes. Como sabemos que no estamos impermeabilizados frente a problemas como estos, nos hemos ido preparando y corrigiendo la materia legal. No obstante, es bueno revisar las leyes vigentes en el campo de la ejecución. Básicamente, este es el objetivo que nos mueve, es decir, no solamente saber cuál es el estado de situación de las normas que tenemos aprobadas, sino la aplicación estricta de las mismas.

Por lo tanto, esta convocatoria que propusimos no es de estilo acusatorio a nadie, sino que de una manera activa y positiva queremos analizar hechos que se han divulgado públicamente, que involucran a Uruguay y todos los días se instala un hostigamiento permanente. Basta con leer la prensa internacional del día de hoy la europea para advertir que nuevamente se nombra a Uruguay como si fuera la cabecera o el puente de operaciones vinculadas a estos temas.

Hace poco, apoyamos con nuestro voto una declaración de esta Comisión porque se habló en un tono acusatorio contra las autoridades del Uruguay. Lo que pretendemos hoy es explorar acerca de cuál es la aplicación de las normas y cuál es el marco de la normativa internacional.

La Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central especificó en su Memoria 2012 que ese año recibió 237 reportes de operaciones sospechosas.

Según ha trascendido, se admite que sigue siendo escasa la participación de los sujetos obligados no financieros en el total de reportes recibidos. Se afirma que, a efectos de revertir esta situación y lograr un adecuado cumplimiento de la obligación de reporte, se deberán continuar desarrollando tareas de capacitación y difusión de la normativa.

También se admite que el sector inmobiliario es el más sensible al lavado de activos. El propio informe reconoce que los casos del lavado de dinero publicitados están relacionados o involucran al sector inmobiliario.

En primer lugar queremos preguntar a las autoridades del Banco Central lo siguiente. Teniendo en cuenta esta percepción tan clara, considerando que el combate al lavado de activos es una política de Estado, apoyada por todos los sectores políticos y contando con que las asociaciones de escribanos pueden colaborar en la tarea, ¿podrían explicarse las razones por las cuales se ha demorado tanto en implementar medidas de control eficaces al sector inmobiliario?

En segundo término, contamos con que entre el Banco Central, el Ministerio de Economía y Finanzas y la Secretaría Nacional de Antilavado de Activos hay una estrecha colaboración. Entonces, ante la preocupación de dicha Secretaría por el altísimo porcentaje de lavado de activos a través de transacciones inmobiliarias que arrojaron las investigaciones que llevó a cabo, ¿qué medidas concretas se dispusieron para investigar las ya realizadas y prevenir las futuras? ¿Existe un protocolo al cual deben sujetarse los operadores inmobiliarios para especificar el registro de las operaciones de compra venta y alquileres? En caso afirmativo, solicitamos especificar en qué consiste, quién lo controla y qué resultados se han constatado en los últimos cinco años. En caso negativo y considerando la sensibilidad del sector, solicitamos explicar los motivos por los cuales aún no se ha implementado.

En tercer lugar, ¿cuáles son los hallazgos de la investigación impulsada por la Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF del Banco Central relacionada con la compra de la chacra "El Entrevero" en José Ignacio?

En cuarto término, expertos han señalado la posibilidad de que la sobrefacturación en hotelería y en la industria de la construcción pueda servir para operaciones de lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas. En ese sentido, ¿cuáles son los controles específicos que se realizan en el país para prevenir estos hechos? ¿Se han detectado casos sospechosos en estos ámbitos, es decir, el hotelero y el de la construcción? En caso afirmativo, nos gustaría saber cómo se ha procedido y qué resultado han tenido las investigaciones realizadas.

Respecto a las siguientes empresas presentadas ante la Justicia uruguaya por una denuncia de dos Diputados argentinos: Reloway Company S.A., Badial Sociedad Anónima, Teegan Incorporated, SGI Argentina S.A., Austral Construcciones S.A., SGI Bursátil Sociedad de Bolsa S.A, ATC Argentine Trust Company S.A., Vanquish Capital Group S.A., SGI Inversiones y Participaciones S.A., Organización de Asesoramiento y Consultora Internacional S.A, Asesores Empresarios Corp. S.A. y Dalmaran S.A., nos gustaría saber si cumplen con los requisitos para operar en el mercado nacional, qué controles se realizaron sobre la operativa y con qué resultados.

Por otra parte, voy a realizar algunas preguntas a las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas.

En el año 2006 el Ministerio de Economía y Finanzas encomendó a la Auditoría Interna de la Nación la supervisión del cumplimiento de las normas de prevención de los delitos de lavado de activos. Ante el reconocimiento por parte del Director de esta dependencia de que la tarea le excede, ¿el Ministerio comparte esta percepción? En caso afirmativo, ¿a qué obedecen estas circunstancias y qué se ha hecho para superar las limitaciones?

Por otro lado, me gustaría saber si la Dirección Nacional de Aduanas controla los equipajes que ingresan en los vuelos privados que llegan a los Aeropuertos de Carrasco y Punta del Este. En caso afirmativo, solicito explicar si al Ministerio de Economía y Finanzas le consta el ingreso de cantidades de dinero muy superiores a las autorizadas por la normativa vigente. En caso negativo, me gustaría saber en qué entidad recae esa responsabilidad y qué controles se efectúan para garantizar el cumplimiento de esta normativa. También quisiera saber si en la Aduana se está cumpliendo con la exigencia de declaración obligatoria de ingreso de toda suma superior a US$ 10.000. Si es así, ¿cuántas declaraciones se han registrado en el último año? ¿Dónde están archivadas? ¿Quién hace el control o seguimiento de las mismas? Y si no se está cumpliendo con esa declaración, ¿cuáles son los motivos por los que se abandonó esa práctica y desde cuándo? ¿Está informatizado el sistema de la declaración obligatoria del ingreso de sumas superiores a los US$ 10:000? Si no es así, ¿hay planes concretos para implementarlo?

Asimismo, quisiera saber cuáles son los controles que se aplican para el movimiento de personas y sus pertenencias en los puertos deportivos del país.

Además, me gustaría saber cuántos funcionarios de Migraciones, Aduana, Prefectura y Dirección Nacional de Hidrografía están afectados a dichas tareas si el Ministerio tiene estos datos y en qué horarios se cumplen.

Es de suponer que el Ministerio de Economía y Finanzas también coordina acciones con la Fuerza Aérea. En ese sentido y considerando que en el año 2009 se incorporaron a la Fuerza Aérea radares Lanza 3D suministrados por la empresa española Indra, me gustaría saber cuál fue el monto total de esa compra y dónde se instalaron esos radares, si el Ministerio maneja esa información.

La eliminación de las SAFI ha sido señalada como un gran avance en la lucha contra el lavado de activos. Sin embargo, sociedades uruguayas con activos en el exterior tampoco pagan impuestos, lo cual demuestra que el régimen común sigue siendo favorable para los extranjeros. ¿Se puede explicar en qué consiste el progreso alcanzado con la eliminación de las SAFI, si en los hechos los extranjeros pueden seguir utilizando sociedades uruguayas y beneficiarse de un tratamiento tributario favorable para sus activos en el exterior? Cuando lleguemos a este punto voy a incorporar otras preguntas vinculadas con el patrimonio de las empresas que operan en Uruguay, cuyo patrimonio está en el exterior.

Finalmente, nos interesa saber cuál es el flujo de información con los organismos oficiales argentinos, habida cuenta de que se habló en medios de prensa de la existencia de expedientes en el organismo impositivo argentino que involucran a Uruguay. Se dice que hay expedientes en poder de la autoridad tributaria argentina respecto a cuestiones que pasan en Uruguay. Por lo tanto, me interesa saber si el Ministerio conoce esos expedientes, si tiene acceso a esa información. Es necesario saber si nuestro país tiene acceso a esos expedientes y si está dentro del intercambio de información que el país tiene con la República Argentina.

Este es básicamente el cuestionario que preparamos para que las preguntas realizadas a las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas y del Banco Central estén claramente especificadas.

SEÑOR MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS.- El trabajo de esta Comisión ante la relevancia que tienen estos temas, hacen al análisis y al perfeccionamiento de normativas y procedimientos en esta materia, que se ha convertido en uno de los aspectos que están sujetos a mayor escrutinio, tanto a nivel mediático, como de las relaciones entre los Estados. Esto ha elevado el rango de preocupación sobre los temas vinculados al lavado de dinero, al combate al narcotráfico y a la utilización de ingeniería financiera para provocar lesiones sobre las administraciones tributarias en distintos países, y ha obligado a los Estados a poner sus normativas y sus procedimientos a tono con estas nuevas tendencias.

En este sentido, creo que Uruguay ha sido uno de los países de la región en que los progresos han sido más importantes y destacados. Hace no mucho tiempo, cuando fuimos convocados por el Parlamento de la República, junto al Presidente del Banco Central, se mostraba cuál es la posición de Uruguay en distintos renglones en lo referido a estos temas en la comparación internacional, y nos encontramos destacadas posiciones a nivel regional, e inclusive, algunas muy destacadas en la órbita internacional, según las evaluaciones realizadas por el GAFI. No hay dudas de que el hecho de tener evaluaciones positivas y de estar bien ubicados en la comparación internacional, en lo que se refiere a países con compromiso explícito y manifiesto para el combate de todo este tipo de ilícitos, hace que uno tenga la sensación de que el trabajo pendiente es más grande que la tarea realizada.

En este sentido, quisiera empezar reconociendo que la normativa va atrás de las realidades, y las adaptaciones de las Administraciones van corriendo atrás de las normativas: esta es una realidad. Decir esto ante legisladores es manifestar algo bastante redundante, porque la norma suele suceder a la constatación de los problemas, y los desarrollos institucionales suelen suceder a las previsiones legales sobre estas y otras múltiples cuestiones. Pero en estos casos estamos ante un área de rápido crecimiento y, lo que es más grave, de gran expansión y sofisticación por la cantidad de operaciones a través de las cuales se vehiculiza este tipo de patologías.

El señor Diputado José Carlos Cardoso decía que no se trata de otra cosa que de intentar informarnos y contribuir en lo que debe ser una política de Estado en estas materias, como de hecho lo es. Ahora bien, con esa misma actitud se está trabajando a nivel de la Administración, construyendo sobre la base de constatar qué esfuerzos son insuficientes para hacer el trabajo que debemos en esta materia.

Pensemos que la primera normativa que el país tuvo referida a estas cuestiones data tan solo del año 2004. Esas son las primeras previsiones legales. Por tanto, hace algo menos de diez años, las infraestructuras jurídicas institucionales sobre las que se apoyaba el combate a este tipo de ilícitos era débil, llamémosle así. De ahí en adelante Uruguay ha recorrido el terreno fortaleciendo la infraestructura jurídica. Creo que la Ley Nº 18.494 de 2009 hace un aporte muy importante en este sentido; después hay un pequeño ajuste legal en 2012, y en 2010 se firma un decreto reglamentario de la ley aprobada en 2009. Estas son piezas jurídicas actualizadas que forman parte de la respuesta jurídica y del proceso de construcción institucional detrás del cual está transitando nuestro país.

Este es un tema importante, y nos debe llenar de satisfacción no solo su evaluación, sino que también hoy esté reconocido ampliamente por parte de todos los actores políticos y sociales del país, que no queremos cargar con la mochila de no ser parte activa en el combate a este tipo de ilícitos y no ser parte de la cooperación internacional para estar a resguardo de esas cosas que trascienden en la prensa y que nos lesionan a todos. Uno encuentra referencias a Uruguay que en muchos casos son inexactas mientras que en otros se usan calificativos absolutamente inapropiados o, simplemente, se apela a una historia en la que nuestro país no tuvo preocupación por estos ni por otros temas, al amparo del concepto de que cuanto más opaco, mejor. Hubo que luchar mucho contra esa concepción que fue parte de la arquitectura jurídica y conceptual con la que Uruguay transitó durante muchos años. Razonablemente, creo que hoy se ha dejado de lado esa opacidad que caracterizó en el pasado a la inspiración de nuestra normativa y de nuestras instituciones jurídicas para tratar estos temas. Creo que eso es algo muy importante, tan saludable como que podamos trabajar conjuntamente, a distintos niveles del Estado, en el combate a estas patologías.

El señor Diputado Cardoso realiza una serie de consultas al Banco Central y al Ministerio de Economía y Finanzas. Ahora bien, en algunos casos tenemos algo para decir sobre preguntas que iban dirigidas al Banco Central, y creo que desde el propio Banco también hay cosas para manifestar respecto a interrogantes que iban orientada exclusivamente hacia el Ministerio de Economía y Finanzas. Por lo tanto, ingresando en las preguntas, no me referiré exclusivamente a las que fueron planteadas al Ministerio de Economía y Finanzas, ya que también quisiera hacer algunos comentarios o consideraciones con respecto a las que van dirigidas al Banco, por supuesto que a cuenta de los elementos que otros compañeros del Ministerio tengan para agregar y de que el Banco Central incursione en las respuestas a cada una de las consultas formuladas.

La primera pregunta que realiza el señor Diputado Cardoso hace referencia a si efectivamente estamos en el combate al lavado de activos como política de Estado. Concretamente, consulta si podrían explicarse las razones por las que se ha demorado tanto en implementar medidas de control eficaces al sector inmobiliario. En la pregunta hay una afirmación y es que se ha demorado en algo que en realidad ya se ha hecho y que está previsto en la normativa legal. Además de estar contenido en las leyes a las que hice referencia tanto en la Ley Nº 17.835, como en la Ley Nº 18.494 , el decreto reglamentario de 2010 específicamente establece las bases para el establecimiento de los procedimientos que deben seguirse por parte de los agentes y actores que están directamente vinculados a las transacciones inmobiliarias. Por tanto, no hay omisión normativa ni reglamentaria a este respecto. Lo que hay, obviamente, son problemas, a mi entender bastante manifiestos luego haré algunos comentarios específicos , sobre la forma en que algunos actores y agentes del sector responden y hacen suya esta política, y sobre la capacidad de fiscalización del cumplimiento de los actores obligados.

Según la ley el decreto reglamentario lo recoge , al menos dos actores intervinientes a los que se plantean exigencias; están obligados a recabar y aportar información e, inclusive, a juzgar si esa información permite suponer que detrás de la transacción pueda haber algo vinculado a estas actividades. Los dos actores son los escribanos intervinientes y los intermediarios inmobiliarios, las inmobiliarias, los profesionales de la intermediación inmobiliaria.

El Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Auditoría Interna de la Nación, tiene a su cargo no solo la supervisión del funcionamiento de los actores obligados sino recibir información sobre ello. La Auditoría Interna de la Nación ha ido gestando capacidades. En línea con lo que reconocía el Director Interno de la Nación quiero decir que la magnitud de las tareas que están planteadas y la ampliación del tipo de transacciones en la que este tipo de delitos se expresan implica siempre tener más capacidades que las que se tienen en el punto de partida. Esas capacidades se están construyendo. Disponer hoy de unidades especialidades en esto es todo un logro institucional, y no deberíamos menospreciar el avance que esto ha significado.

No recuerdo bien si fue el año pasado o este que la Auditoría convocó aleatoriamente a escribanos a aportar información sobre transacciones inmobiliarias, y recabó información de varias inmobiliarias en torno a transacciones que, se supone, podrían estar encubriendo algún tipo de ilícitos de esta naturaleza.

Insisto que no tenemos debilidad normativa ni falta de compromiso institucional. Probablemente la tarea es bastante más importante de lo que previmos al inicio. Un poco más adelante voy a referirme al caso específico de las denuncias que han tenido cierta notoriedad; las preguntas del señor Diputado así lo plantean. Ahí podremos ver de qué manera actúa o debe actuar el Estado y discutir sobre los aspectos que mencionaba el señor Diputado como la ejecución, la aplicación de la norma y la forma en que las instituciones públicas están actuando en esta materia.

Entonces, a la primera pregunta lo que quiero responder es que se ha demorado. Probablemente, lo que más ha demorado es que tengamos normativa moderna, porque estas cosas no nacieron en el año 2004 ni mutaron en el año 2009, sino que tienen bastante más tiempo y que probablemente afectaron transacciones en nuestros países mucho antes de que las legislaciones nacionales empezaran a recoger esto.

Esta sería la respuesta a la primera pregunta.

En la segunda pregunta también siento que el Ministerio tiene algo para decir, y que está vinculada a la primera. El señor Diputado dice que existe cooperación interinstitucional y pregunta qué medidas concretas se dispusieron para investigar las denuncias existentes y para prevenir las futuras.

Quiero insistir en un aspecto: las normativas vigentes establecen con claridad los mecanismos y las responsabilidades que tienen cada uno de los actores institucionales en estas materias. Aquí están presentes quienes están a cargo de la UIAF; ellos están bien familiarizados con el procedimiento mediante el cual se reciben denuncias y se procesan las investigaciones.

Sin lugar a dudas existen previsiones, metodologías y procedimientos para tratar cada uno de los problemas que conocemos o las cosas previstas en la ley. En este sentido no hay vacíos, por ejemplo, en cuanto a la existencia de protocolos de procedimiento esta es la siguiente pregunta contenida en el punto 2. Reitero que existen protocolos claros de procedimiento; están en la ley, en el decreto y en los procedimientos a través de los cuales actúa cada uno de los involucrados y obligados.

Insisto en que puede haber insuficiencias en cuanto al grado de sofisticación con el que podemos estar procediendo, pero existen protocolos a los que tienen que sujetarse los operadores inmobiliarios. Diría que el decreto de 2 de diciembre de 2010, después de definir quiénes son los actores obligados, en lo inmobiliario en especial, establece claramente cuáles son las informaciones que deben ser recabadas y los procedimientos que deben seguirse en el terreno de la diligencia debida. Se establece la forma en que la diligencia debida opera para recabar información sobre cada uno de los clientes intervinientes en cada una de estas operaciones.

Es más: se establecen procedimientos diferentes si son personas físicas o personas jurídicas, y se hacen distinciones bastante relevantes en términos de los volúmenes de ingresos. Se presta atención a la magnitud económica a la que están asociados los distintos negocios. Además, la normativa vigente obliga no solo a recabar información sino a buscar antecedentes, o sea, a remitirse a la búsqueda de antecedentes de las personas físicas o jurídicas, con fuentes públicas o privadas. Por lo tanto, no basta con que los agentes obligados recaben información, en los negocios inmobiliarios en particular, sino que en determinadas circunstancias deben tener previsiones especiales y realizar búsquedas y consultas antes de llevar adelante las transacciones.

Inclusive, en el decreto hay previsiones para lo que puede ser una debida diligencia mínima y otra especial para una debida diligencia intensificada, indicando qué tipo de actores, sujetos o transacciones tienen protocolos diferentes. Todo esto está en la normativa. Este es el procedimiento que previó nuestra legislación y reglamentación.

Obviamente, algunos de los actores obligados pueden no estar cumpliendo con estas obligaciones de manera debida, o lo pueden estar haciendo de manera incompleta. La tarea de supervisión y control del funcionamiento de esos sujetos obligados es función, en este caso en particular, de la Auditoría Interna de la Nación. Insisto en que son cometidos que lleva adelante, que tiene a su cargo, que despliega, pero que con toda seguridad dada la magnitud alcanzada por las transacciones en el rubro inmobiliario en los últimos años hemos asistido a un aumento muy considerable de transacciones de compra-venta inmobiliaria , los actores involucrados tienen distinto grado de compromiso con el mantenimiento de estas normativas.

Quisiera ser claro y enfático en esto, y decir al señor Presidente y al señor Diputado José Carlos Cardoso que los problemas no están vinculados a la inexistencia de protocolos o procedimientos ni a la ejecución de las normas ahí entiendo la preocupación del señor Diputado , sino a aspectos que tienen que ver con la efectividad con la que esos procedimientos están actuando. Creo que ahí tenemos camino recorrido y, sinceramente, camino por recorrer. ¿Vamos a necesitar un compromiso mayor por parte de los sujetos obligados? Yo creo que sí. Espero que estos últimos acontecimientos ayuden a crear conciencia en nuestra sociedad, no con respecto al cumplimiento de las normas obviamente, hay que cumplirlas , sino en el sentido de ser un sujeto más activo del cumplimiento de las normas.

Creo que al sector inmobiliario no le sirve que haya una presunción de que los negocios que se realizan en Uruguay son sospechados porque los actores obligados tienen escaso compromiso con el cumplimiento de la normativa. Yo creo que lo que le sirve es todo lo contrario: cuanto más compromiso tengan los actores involucrados, más se fortalecerá la Administración y el país todo. Siempre decimos que las políticas son todo lo buenas y todo lo malas que son sus repercusiones y el compromiso de los actores sociales con esas políticas. Las mismas políticas, con compromisos diferentes por parte de los actores sociales, dan resultados diferentes. Creo que esto es así en todas las materias. Ni qué hablar en materias delictivas, porque es allí donde más claramente se ve que la norma no lo es todo. El cumplimiento de la norma tiene mucho que ver con las conductas sociales. Por eso, hay países que tienen distintos niveles de cumplimiento de las normativas y, en particular, niveles diferentes de prácticas delictivas. Quiere decir que las conductas y los comportamientos institucionales importan bastante en este sentido.

En el punto 2, el señor Diputado José Carlos Cardoso nos daba dos opciones: "En caso afirmativo, especificar en qué consiste, quién lo controla y qué resultados se han constatado en los últimos cinco años". Quizás, la UIAF puede dar información más exacta en términos de cuántas cosas se han tramitado y cuántos problemas se han detectado. Quiero ser sincero: nosotros no hacemos un seguimiento asiduo y permanente de estos temas. Sí estamos muy preocupados por ayudar a los actores del sector público involucrado para que generen más compromiso y más capacidad de acción en estas materias.

Voy a adelantar una respuesta a la tercera pregunta. Con toda seguridad, los colegas del Banco Central podrán extenderse sobre este punto. La pregunta es la siguiente: "Específicamente, ¿cuáles son los hallazgos de la investigación impulsada por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central relacionada con la compra de la chacra El Entrevero, en José Ignacio?".

Insisto que a cuenta de que los encargados de la UIAF aporten información más detallada y más analítica sobre este punto, quiero relatar al señor Diputado cuál ha sido el proceso que se ha seguido este tema en la Administración y cuál ha sido la tramitación en el ámbito del Estado uruguayo.

Cuando se conoció el informe presentado en el programa "Periodismo Para Todos", de la televisión argentina, a mediados de abril, inmediatamente desde el Ministerio de Economía y Finanzas se hicieron contactos con la Secretaría Nacional Antilavado y con la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay, en primer lugar, para tomar conocimiento de algunos aspectos que eran muy relevantes.

En particular, a partir de la información que nos fue suministrada por la UIAF y por la Secretaría Nacional Antilavado, inmediatamente tomamos conocimiento de dos aspectos. El primero, que se hizo público, era la inminencia de la presentación de una denuncia en la Justicia uruguaya especializada en crimen organizado por parte de dos legisladores argentinos, la señora Diputada Graciela Ocaña y el señor Diputado Manuel Garrido. Y esto ocurrió. A los pocos días recibimos la noticia de que, efectivamente, en el Juzgado de Segundo Turno de crimen organizado se había recibido la denuncia de estos dos Diputados.

Por otra parte, la UIAF nos anunció que iniciaba una indagatoria específica sobre este punto. De manera que la UIAF puso en marcha procedimientos de análisis relativos a estas denuncias y a esta información suministrada por la televisión argentina.

Creo que la actitud, tanto en el Ministerio como en la UIAF, aun antes de recibir denuncias, fue de preocupación y activismo, y mostró que estábamos atentos procedimentalmente para enfrentar los problemas que este tipo de denuncias acarrea. Ese tipo de denuncias, ciertas o no, genera un estado de opinión y atención. La movilización silenciosa, pero efectiva, de parte de la Administración necesariamente tiene que guiar nuestros actos.

¿Qué hicimos en el MEF? Decidimos que íbamos a aguardar el resultado de la indagatoria de la UIAF para activar los otros procedimientos necesarios en estos casos. Claramente, nos importaba la actuación del escribano y del agente inmobiliario intervinientes. La constatación de irregularidades en esa órbita era lo que podía disparar actuaciones de una Unidad Ejecutora del Ministerio de Economía y Finanzas, como es la Auditoría Interna de la Nación.

La UIAF concluyó la investigación y realizó dos tramitaciones. Por un lado, envió al Juzgado Penal Especializado en Crimen Organizado toda la información recabada con respecto a todas las personas físicas y jurídicas involucradas en la transacción. Esa es una información que la UIAF transfirió directamente a la sede penal.

Por otro, el 11 de junio antes de ayer , la UIAF comunicó al MEF que a su entender surgían elementos que sugerían incumplimiento de la normativa en materia de prevención del lavado de activos, tanto por parte del escribano como por parte del agente inmobiliario. Se nos aportó esta información y, a partir de ello, procedimos en dos direcciones: una de las medidas está concretándose y la otra, seguramente, se concretará en el día de mañana.

En primer lugar, entendimos pertinente declarar confidencial la información que habíamos recibido y remitirla a la Auditoría Interna de la Nación. En segundo término, resolvimos dar instrucciones a la Auditoría para que inicie el procedimiento de constatación, si en lo que en primera instancia había encontrado la UIAF había elementos que permitieran corroborar incumplimiento. La instrucción ya fue dada, pero el traspaso de esta información a la Auditoría Interna de la Nación se hará mañana. Veremos cuál es el resultado del análisis que realice la Auditoría Interna de la Nación.

Esto es lo que se ha hecho en torno al caso específico de esta adquisición de la chacra El Entrevero, en José Ignacio. Nosotros acabamos de recibir la información; seguramente, la UIAF pueda tener tal vez no más elementos que los que hemos recibido.

La UIAF actuó con diligencia y el Ministerio también. Ahora le compete al organismo de supervisión tomar riendas en el asunto.

Quiero ser sincero. En el caso de la sobrefacturación en la hotelería y en la industria de la construcción, estamos hablando de áreas que son un poco diferentes a las previstas en el decreto sobre antilavado. Eso no quiere decir que estos nos puedan ser vehículos a través de los cuales ocurren estos hechos. Teniendo en cuenta el diseño y las previsiones que hemos considerado en esta materia, diría que las sobrefacturaciones y los efectos tributarios que pudieran tener estos hechos son típicos de la Dirección General Impositiva. Si bien es un vehículo desde el cual pueden constatarse irregularidades que pueden derivar en lavado de dinero, diría que no está en nuestra normativa. Por ejemplo, hasta tanto la construcción no se transforme en la transacción inmobiliaria final, hasta ese momento de compra venta, no pertenece específicamente a la normativa establecida. Respecto a todas las sociedades mencionadas en la pregunta 5 ni sobre ninguna otra , no puedo hacer ningún comentario porque el material sobre la actuación de los actores obligados recién llega en el día de hoy. Además, aparte de que pueda haber salido en los medios, me imagino que esa información forma parte de lo que la UIAF ha remitido al Juzgado Penal Especializado en Crimen Organizado; información que no llegó a nuestras manos y que no tiene por qué llegar, según me acota el Director de la Asesoría Jurídica del Ministerio, para que no cometa el error de decir "debo tener esa información".

Quizás sea conveniente que las autoridades del Banco Central amplíen o completen la información que he brindado. Traté de recorrer el estado de situación de las cosas, partiendo de la base de que quien ha estado en las instancias de análisis y evaluación de este caso en particular ha sido el Banco Central del Uruguay. Nosotros venimos a continuación del BCU.

SEÑOR GAMARRA.- Hubiera deseado tener unos años menos para que el economista Lorenzo fuera mi compañero de liceo y contestara las preguntas que me hicieran a mí. Simplemente, voy a complementar lo dicho.

En general, haciendo relativa abstracción de lo que es el sistema financiero, el papel del Banco Central es auxiliar, aunque intervenimos en muchas de esas cosas.

La primera pregunta a fue contestada por el señor Ministro, al menos en lo que concierne a nosotros, que es la parte del dictado de las normas, en este caso el decreto. Voy a referirme solo a los sujetos no controlados por el Banco Central porque todos los demás como bancos y casas de cambio tienen medidas específicas con influencia directa.

Para los sujetos no controlados, escribanos e inmobiliarias, quienes pueden percibir una operación sospechosa, tenemos un formulario que está en la página web del Banco para hacer el reporte de operaciones inusuales o sospechosas. Además, al igual que para los otros sujetos , hay una guía de operaciones de riesgo y señales de alerta para actividades relacionadas con la compra-venta, construcción, promoción, inversión u otras transacciones que involucren inmuebles de cualquier tipo. Esta guía está tomada del GAFI y se llama "Guía del enfoque basado en el riesgo para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Principios y procedimientos de alto nivel para agencias inmobiliarias". Es decir que hay una guía donde se establece que las categorías de riesgo más comunes usadas con relación al sector inmobiliario son el riesgo relacionado con el país, la ubicación geográfica, el cliente y la transacción. Es decir que a estos sujetos, además de todas las indicaciones del decreto, se les da esta guía para que sepan donde buscar, ya que un escribano o una inmobiliaria quizás no puedan hacerlo por sí solos.

En cuanto a la pregunta 2, es cierto que trabajamos en estrecha colaboración. Lo que sucede es que cuando a nosotros se nos informa sobre una operación sospechosa, la UIAF hace una investigación y si hay mérito lo lleva a la Justicia, que establece quiénes van a actuar el Banco Central, la UIAF, la Secretaría Nacional Antilavado , siempre como auxiliares del Juez que lleva a cabo la investigación. Más allá de las sanciones administrativas que el Banco pueda aplicar al sector financiero o a las personas que tiene controladas, obviamente, no resuelve sobre el lavado sino que lo hace la Justicia.

En el protocolo al cual deben sujetarse los operadores inmobiliarios también está el concepto de debida diligencia que ya explicó el señor Ministro y las guías correspondientes.

En el reporte que hizo el Banco para el año 2012, al final del cuadro está el detalle de los reportes de operaciones sospechosas recibidos de los distintos tipos de sujetos obligados. El renglón del artículo 2° de la Ley N° 18.494, que refiere a los sujetos que no están bajo el control del Banco Central escribanos, inmobiliarias, etcétera- figuran los números: para el 2008, 0; para el 2009, 3 sobre un total de 181; para el 2010, 10 sobre 214; para el 2011, 4 sobre 211, y para el 2012, 5 sobre 237. No están discriminados entre estos sujetos del artículo 2°, pero podemos decir que la mayoría son reportes que provienen de escribanos y que hay muy pocos de inmobiliarias.

Para ilustrar la dificultad que existe en esto, les voy a contar lo siguiente. Tengo un amigo propietario de un cambio que se me queja porque dice que le hacemos llenar una cantidad de formularios y por ello pierde una cantidad de clientes, mientras que algunos de la competencia no lo hacen; así se van todos para el cambio que está enfrente.

En eso estamos: tratando de aumentar las medidas de control y de sanción para que definitivamente se cumpla con la ley. Por supuesto, ello requiere tiempo, trabajo y muchos recursos.

La pregunta 3, sobre los hallazgos de la UIAF en la compra de la chacra El entrevero, puede juntarse con la 5, sobre las sociedades. Al respecto, se hizo una investigación que derivó al Ministerio de Economía y Finanzas irá a la Auditoría, encargada de seguir con esa investigación; el Banco siempre investiga y deriva , y otra sobre el caso en general, que fue entregada hace diez días al Juez; estaremos a lo que él determine. Queda una pequeña parte de la investigación pero es relativamente menor.

En esta investigación intervienen otros auxiliares como la Secretaría Antilavado que ha designado el Juez para que lo auxilien.

También quiero referirme a lo que señalaba el señor Ministro, que a nosotros nos causa cierto orgullo: los datos de cumplimiento que emitió en diciembre de 2011en cuanto a las recomendaciones que efectúa para los distintos órdenes, el Grupo Egmond, que es el Gafisud, más Estados Unidos y Canadá. Uruguay está en cuarto lugar en lavado de dinero, en segundo lugar en financiamiento de terrorismo y en tercer lugar en el consolidado.

SEÑOR ASTI.- Ante las explicaciones muy profundas que daban tanto el señor Ministro como el Vicepresidente del Banco Central, me surge la pregunta siguiente.

Desde que se aprobó la ley y se emitió el decreto de fines del año 2010, han pasado algo más de dos años. Teniendo en cuenta que esta es una Comisión que fue creada con fines legislativos, ¿ustedes entienden que, fundamentalmente en el caso de estos sujetos de que estábamos hablando, que están obligados en este tipo de transacciones no para los controlados por el Banco Central es necesario disponer algún tipo de sanciones administrativas?

Obviamente, siempre pueden tener responsabilidades penales si participan de un delito de lavado de activos, pero puede haber omisiones formales que están establecidas en los protocolos y en el decreto. En ese caso, si hay determinados actores obligados y no cumplen con sus debidas obligaciones, ¿sería necesario que la normativa previera sanciones de carácter administrativo que estimulen el fiel cumplimiento? Como Comisión con fines legislativos, nos interesa que este tema se tenga presente.

SEÑOR MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS.- Si les parece bien, dejo para el final la respuesta a las consultas del señor Diputado Asti para seguir concentrados en los temas que nos han traído hasta aquí. Sin dudas, esos temas son importantes y aquí hay varios de los actores directamente involucrados en el diseño y la conceptualización de la normativa en la materia, de la existente y de la que habrá que seguir desarrollando.

Quiero establecer una cosa que hace al talante con que la Administración ha operado en esta materia y tiene que ver un poco con lo que decía el señor Vicepresidente del Banco Central del Uruguay, que hablaba de lo pesados y exigentes que son los procedimientos que el país ha impuesto sobre estas cuestiones. Esto es así, pero quisiera agregar algo más. La actitud sancionatoria que ha tenido nuestro país una vez constatadas irregularidades ha sido de un grado de severidad muy, muy importante. Incluso, quisiera dar algunos datos a continuación sobre, constatado el desvío respecto de la normativa vigente, de qué magnitud han sido las sanciones. Vamos a ver que hemos actuado no solo con diligencia, sino con una fuerza sancionatoria muy importante.

En casos de notoriedad como los que nos involucran en estos días, si efectivamente se constatara que esas irregularidades existieron, sin lugar a dudas, actuaríamos no solo con rigor, sino con intención disuasoria. No solo basta el rigor, sino que la señalización tiene que estar clara. Puede pasar de hecho, tenemos que tratar de que pase cada vez menos que las cosas ocurran sin que nos enteremos, porque tenemos dificultades para llegar a la eficacia, pero cuando tomamos conocimiento de los temas y tenemos situaciones probadas, actuamos con un rigor sancionatorio que ha caracterizado la actitud hasta el presente. No es una innovación, sino algo que ha formado parte de nuestra conducta.

Quisiera mencionar un ejemplo. Como ustedes saben, desde el año 2007 hemos tenido treinta y una resoluciones del Poder Ejecutivo que involucraron a treinta y nueve personas por incumplimiento en la normativa de declaración de dinero ingresado a nuestro país sin ser declarado que excede los límites. El monto total de las multas, de las sanciones monetarias en estos procedimientos asciende a casi US$ 800.000. Los criterios de aplicación fueron acordados con la UIAF de acuerdo con recomendaciones del GAFI. En general, se recomienda que sean sanciones efectivas, proporcionadas y disuasivas.

En ese sentido, les voy a decir qué criterio está utilizando la Administración ante incumplimientos en esta materia, lo que nos lleva a las preguntas del Diputado José Carlos Cardoso referidas a la acción de la Dirección Nacional de Aduanas en estos aspectos. Para alguien que es un primario en la violación de esta normativa, se aplica una multa equivalente al 30% del excedente de dinero por encima de US$ 10.000. Para personas con actividad financiera o cambiaria informal, estamos imponiendo sanciones del orden del 50% del excedente sobre US$ 10.000, pero tenemos facultades para ir hasta el 100%, si fuera necesario. Por lo tanto, tenemos herramientas suficientes y actitud por demás dura en materia sancionatoria una vez que se constatan estas irregularidades.

Hay algunas de las preguntas que formulaba el señor Diputado que refieren a aspectos operativos de algunas de las unidades ejecutoras del Ministerio. Con toda sinceridad, necesitaría del asesoramiento de los servicios especializados; yo no conozco los procedimientos que sigue, por ejemplo, la Aduana. Si hubiera sabido que nos íbamos a adentrar en estos temas, hubiera pedido al Director Nacional de Aduanas que nos acompañara y, con toda seguridad, podría responder con mucha más precisión y fiabilidad a las preguntas.

Desde ya descuento que la Aduana tiene potestades fiscalizadoras y de contralor sobre todos los puestos transfronterizos. Por lo tanto, todas las modalidades de ingreso están cubiertas en esa normativa. Desconozco exactamente cuáles son los procedimientos. Puedo describir, quizás con alguna imprecisión, los procedimientos de los que soy parte ingresando o egresando del país como pasajero en puestos de frontera, en puertos marítimos o en aeropuertos. Si les parece, podría trasmitir estas consultas a la Dirección Nacional de Aduanas para que aporte información sobre cómo operan los procedimientos

Realmente, son cosas relevantes; no encuentro que ninguna de esas preguntas no sea absolutamente relevante y no tenga materialidad con respecto a los temas que estamos tratando. El problema es que no tengo la buena respuesta y no quiero dar una contestación que no sea precisa, porque estamos hablando de cosas delicadas, sobre cómo funcionan los contralores en distintos ámbitos de ingreso al país.

Uruguay ha decidido operar en este momento sin el formulario de declaración de los US$ 10.000. Se ha apelado a multiplicar la cantidad de "banners" informativos mediante los que se dice al pasajero que tiene la obligación de declarar si eso ocurre. Podrán encontrar muchos "banners" en todos los puestos de frontera.

Según tengo entendido, el Ministerio del Interior se apresta a hacer una innovación en este sentido. Lo acordamos no hace mucho tiempo. El cambio consiste en que en la parte de atrás de todos los formularios de migración se establezca lo mismo que en los "banners". De esta manera no se obliga a todo el mundo a llenar formularios, que son bastante engorrosos, y además no son muchos los que transportan más de US$ 10.000 en efectivo. Es una molestia bastante importante, pero hay que cumplir con la obligación. Lo que vamos a hacer es poner en la parte de atrás del formulario de Migraciones un llamado de atención, recordando lo mismo que recuerdan los "banners" en materia informativa.

El señor Director de Asesoría Jurídica del Ministerio me dice que son formularios viejos. Yo creo que son los mismos; esa es la impresión que tengo desde la primera vez que viajé.

Me acotan un elemento que es importante. Este cambio que estamos procesando está dentro de los procedimientos aceptados. No estoy seguro de que exista un registro de operaciones de más de US$ 10.000. En Aduanas se transmite a la UIAF, pero no sé si existe el registro. Los colegas del Banco Central podrán informarnos con más precisión.

Con respecto a la pregunta 8, referida a cuáles son los controles en los movimientos de personas y sus pertenencias en los puertos deportivos del país, debo decir que lamentablemente no conozco la respuesta. Tampoco sé, aunque la información la podemos aportar en cualquier momento, cuántos funcionarios en cada una de estas dependencias están involucrados en estas actividades, ni de Migraciones, ni de Aduana ni de Prefectura. Sí podríamos decir que todo el personal operativo de verificación de Aduanas es parte de los puestos de entrada y salida del país. Todos ellos están involucrados en esto.

Con toda sinceridad, soy incapaz de dar una respuesta a la pregunta 10. Refiere a cuál fue el monto total de las adquisiciones de los radares. Esto ocurrió en el período anterior y aquí está el Diputado Bayardi, que creo que en aquel momento estuvo más cerca que otros de los que estamos aquí. A mí, trabajando en el Ministerio, me tocó estar vinculado a ese tema. Pero la verdad no lo recuerdo. Quizás el señor Diputado Bayardi pueda ayudarnos y decir cuál fue el monto y dónde se instalaron los radares. Creo que uno era fijo y el otro móvil. Con respecto al móvil, cabe aclarar que no es tan móvil, como un teléfono, digamos.

La pregunta 11 tiene significación e importancia. Tiene más significación cuando vemos cosas que involucran a sociedades uruguayas en los años 2007, 2008 y 2009 en operativas de planificación fiscal. En realidad, es una de las herramientas jurídicas con fines elusivos en materia tributaria.

Creo que fue un verdadero avance haber eliminado las Safis. Nos quedan bastantes avances. Quiero decir al señor Diputado Cardoso que si esto también se transformara en una política de Estado, nosotros estaríamos muy contentos. Hemos tenido muchas resistencias políticas cada vez que queremos dar más transparencia y eliminar opacidad en cuanto a las sociedades. La opacidad en las materias de propiedad de empresas en nuestro país todavía me parece una tarea cultural y política muy importante. Creo que hemos dado pasos como la eliminación de algunas formas societarias y la obligación de informar sobre los propietarios de acciones al portador. Todo eso ayuda. Pero todavía creo que tenemos un trayecto cultural importante.

En nuestra sociedad, todavía no hay valoración suficiente respecto a que la opacidad en estas formas de propiedad tiene costos, ya no solo en cuanto a la reputación del país, sino costos directos vinculados con las actividades y los negocios. Esta es una tarea inconclusa en lo que se refiere a lo cultural. Inclusive, podemos seguir haciendo adaptaciones jurídicas relevantes. Es más: desde el 2010 a la fecha, me ha tocado venir al Parlamento por varias iniciativas vinculadas con estos temas. Creo que hemos recorrido un camino y que vale la pena seguir recorriéndolo, pero todavía nos queda mucho por hacer.

Todavía hay formas de vehiculizar actividades que pueden estar encubriendo alguna operación que es ilícita en otro lado. Lo primero que hicimos fue tomar precauciones de que no fueran ilícitos en nuestro país. Somos parte de la corporación internacional y nos hemos ido adaptando a esos cambios. En los aspectos de cooperación internacional, nos preguntamos cuál es el límite al que tenemos que ajustarnos. El límite es que no nos pueden obligar a recabar una información que nosotros no podemos tener.

Eso es posible en algunas formas societarias. Cabe la posibilidad de que, en última instancia, no conozcamos al beneficiario de algunas de las transacciones. No obstante, en las actividades inmobiliarias, ir hasta el beneficiario final está en la normativa. Nadie puede ocultar quién es el propietario en última instancia. Eso lo tenemos en las transacciones inmobiliarias y en los controles de lavado de dinero. En otros aspectos de cooperación tributaria, me parece que todavía tenemos espacio para ganar consensos políticos. El mundo va para ahí.

En más de una oportunidad he dicho en el Parlamento que parece que se demora mucho en llegar. En realidad, ya estamos ahí. Me parece que cuánto más rápido todos nos creamos que lo mejor para no salir en los titulares de los diarios es no discutir tanto sobre cosas que ya están consolidadas en el mundo, vamos a ir mejor. Estoy convencido de que así es y que queda camino por recorrer.

Con respecto a la última pregunta, cuando escuché al señor Diputado me sorprendí y después me di cuenta de que la respuesta es fácil y concreta. Me sorprendió la pregunta porque quizás no había entendido su alcance. La volví a leer y me parece que la respuesta es fácil. No tengo idea de lo que ocurre en una oficina argentina y lo que forma parte de informes internos de ninguna organización pública o privada argentina. No tengo forma de saberlo. Sí puedo decir que hasta el momento no se ha tramitado ningún envío de información al amparo del acuerdo de intercambio de información. Por lo tanto, si hay algo en un expediente en Argentina es ante nuestro absoluto desconocimieno y sin ninguna responsabilidad de organismo alguno de nuestra Administración, al menos al amparo de lo que son los mecanismos formales y conocidos de intercambio de información.

SEÑOR ESPINOSA.- Respecto a los informes sobre los movimientos mayores a US$ 10.000, tenemos dos vías de ingreso a la información, que está en una base de datos de la UIAF.

Las instituciones financieras deben informar directamente al sistema informático del Banco Central del Uruguay, previo al ingreso o egreso de fondos en efectivo mayores a esa cifra. Los particulares que transportan dinero por la frontera tienen la obligación de declararlo ante la Dirección Nacional de Aduanas, la que diariamente nos envía un archivo con los datos de las declaraciones positivas. Ese archivo lo integramos a nuestra base de datos y a los análisis. Lo que no conocemos es el procedimiento interno que realiza la Dirección Nacional de Aduanas para enviarnos ese archivo diario mediante el cual recogemos la información.

SEÑOR PÉREZ.- Quiero reafirmar ciertos conceptos planteados por el señor Ministro y también responder al señor Diputado Asti con respecto a las necesidades de ajuste normativo.

Uruguay tiene una normativa bastante ajustada; ha ido evolucionando. A mí me ha tocado participar desde 2005 en ese proceso; viví el proceso de la evaluación de Gafisud de 2006, en que para decirlo con un término poco académico apuntaban para pegarnos en el pleno de Brasilia, y la evolución posterior que se procesó en la evaluación de Gafisud del año 2009, en la que realmente salimos muy bien calificados este es un dato de la realidad , máxime cuando en febrero de este año el Gafi aprobó nuevos estándares, donde hay exigencias mucho mayores en cuanto a la evaluación de la efectividad en el cumplimiento de la normativa.

En general, todos los sistemas ya tienen normativa antilavado; entonces, ahora se apunta a la efectividad y a otros aspectos vinculados, por ejemplo, a la eventual inclusión del delito tributario como precedente de lavado, como aspecto sustantivos.

Al respecto, la Secretaría Nacional Antilavado tengo entendido que también está citada y va a poder explicar más acabadamente sobre el tema ha designado una comisión que está trabajando sobre una recopilación de normativa vigente en materia de lavado de activos, precisamente para, a partir de allí, determinar aquellos aspectos que es conveniente reforzar, ya sea para cubrir falencias que se hubiesen detectado en el proceso de implementación y aplicación de normativa o para ajustar la normativa al cumplimiento de nuevos estándares.

Por otro lado, hay una comisión que se encuentra trabajando sobre la valoración del tema del delito fiscal para estar preparados en cuanto a la actitud que vamos a tomar y las modificaciones normativas que sean precedentes.

Por lo demás, hoy por hoy, la normativa es ajustada. Me tocó participar en la elaboración del decreto conjuntamente con el Banco Central del Uruguay y con la Secretaría Nacional Antilavado y creo que todos pusimos una especial atención en que los protocolos o los elementos que debían atender aquellos sujetos obligados no financieros estuviesen lo más claros posibles, precisamente, para que no existieran dudas, al punto que, inclusive, se convocó a los escribanos y estos pidieron un detalle aún mayor. Se puede observar que en el Decreto figura una norma específica de debida diligencia para los escribanos, porque así lo pidieron.

Entonces, se procesó un Protocolo de Actuación de aquellos datos que se deben recabar en el procedimiento de debida diligencia con el cliente, tanto mínima como intensificada; se estableció cuándo procede diligencia mínima y cuándo deben intensificarse esos procesos. También se estableció la obligación de recabar información y de verificar y guardar registros. Eso está y los sujetos obligados están en conocimiento de esa normativa porque, además, se procesaron múltiples reuniones con diversos sectores.

Ahora bien, el aspecto del control y supervisión de las entidades no financieras es un proceso que está llevando su tiempo en todos los países. Si observamos las evaluaciones de Gafi y de Gafisud, vemos que ese es un punto que lleva su tiempo. ¿Por qué? Porque el sector financiero ha sido tradicionalmente muy regulado. Obviamente, a esta altura, hay un sistema mucho más maduro. El hecho de ser un sistema regulado permite introducir nuevas regulaciones en materia de prevención de lavado de activos. Obviamente, en los sectores que hasta este momento no habían sido regulados, como el ejercicio de profesiones liberales y las actividades económicas de libre ejercicio, lleva más tiempo para que los propios agentes procesen que realmente deben colaborar y para que, en definitiva, tengan la percepción de riesgo adecuada. Una de las cosas a las que nos hemos enfrentado en repetidas oportunidades es la falta de percepción de riesgo.

De todas maneras, se ha avanzado bastante. En 2004 o en 2005 ni siquiera había percepción de la gravedad de lo que implica el lavado de activos. En aquel momento se pensaba: "Si la plata viene, viene". Hoy existe un proceso de concientización en el que se ha venido avanzando a pesar de que tiene sus dificultades, como todo proceso. En definitiva, se está trabajando en pro de acompasar la legislación a las realidades que nos imponen actuar de determinada manera.

Espero que esto satisfaga la interrogante del señor Diputado Asti.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Comisión Especial con Fines Legislativos Vinculados al Lavado de Activos y Crimen Organizado agradece la presencia del señor Ministro de Economía y Finanzas y de todos sus colaboradores.

Se levanta la sesión.

(Es la hora 16 y 8)


 
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